¿Es necesario un “Plan BEPS” para personas físicas?

27 de abril de 2018. Jesús Gascón Catalán.

El domingo pasado, 22 de abril, Bruno Pérez publicaba en lainformación.com (Enlace: https://www.lainformacion.com/) una entrevista que le agradezco en la que se menciona este blog (Enlace con la entrevista: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/impuestos-pobreza-jesus-gascon-espana-ha-perdido-la-capacidad-de-conocer-los-impuestos-que-pagan-las-grandes-fortunas/6346667).

En los días posteriores he recibido alguna pregunta sobre qué he querido decir exactamente al aludir en mi conversación con Bruno a que existen problemas para conocer cuál es la aportación real de las rentas más altas, así que aprovecho esta entrada para intentar aclararlo.

Obviamente, las Administraciones Tributarias conocen cuánto declaran los contribuyentes en los diferentes tributos que gestionan y se publican estadísticas que, con mayor o menor desglose, nos permiten conocer impuesto a impuesto los datos desagregados por tramos de importe, perfiles de contribuyentes, etc.

Las Administraciones Tributarias también disponen de herramientas de análisis de la información para realizar campañas de control acerca de los presuntos incumplidores en cada uno de los impuestos que gestionan. Sin ir más lejos, en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 de la Agencia Tributaria (Enlace: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-792) se anuncia lo siguiente respecto de los grandes patrimonios: “En el pasado año 2017 comenzaron los trabajos de sistematización de las actuaciones de lucha contra el fraude presente en grandes patrimonios y se han iniciado también las comprobaciones inspectoras vinculadas con la nueva herramienta de selección. A lo largo de 2018 se ampliará el número de contribuyentes propuestos para inspección, a partir de un mayor número de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. De esta forma, se afianza el control reforzado sobre grandes patrimonios mediante la utilización de cauces de investigación específicos para perfiles que así lo demanden.”

Sin embargo, hay muchos más impuestos que el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), y lo que no sabemos con exactitud es cuántos impuestos están pagando acumuladamente las mayores rentas y patrimonios en proporción a su renta total anual o en comparación con las variaciones que experimenta su patrimonio en el año. Es decir, no sabemos cuántos impuestos paga en un año el 1% o el 0,1% o el 0,01% con mayores rentas (o cualquier otro tramo de rentas), no solo por el IRPF o el IP, sino también por IVA, Impuestos Especiales, tributos locales, etc.

Dicho de otra forma, ¿sabemos si el sistema tributario español es realmente progresivo?, ¿el 0,1% paga más impuestos que el 1%, éstos que el 5% y éstos más que el 10% y así sucesivamente?

No estoy hablando de fraude, ese es otro tema, importante sin duda, pero que dejo para otra ocasión, lo que planteo aquí es la necesidad de disponer de información que nos permita contrastar si es adecuado el diseño del sistema tributario, es decir si se cumplen los principios constitucionales y si está respondiendo a las preferencias sociales. Si al final resulta que quienes perciben mayores rentas pueden evitar el pago de impuestos, no defraudando, ni siquiera eludiendo, sino simplemente no realizando ganancias o no distribuyendo beneficios porque no necesitan liquidez o aprovechando incentivos fiscales o descoordinaciones normativas, y eso significa que su contribución anual presente es reducida, ¿nos parece bien? Y si ocurre lo contrario y hay contribuyentes que están dedicando el 60% de su renta anual al pago de impuestos y ni siquiera son los más ricos, ¿también nos parecerá bien?

En España nos encanta el debate sobre los tipos nominales en el IRPF, en el IS, en el IVA, y el debate sobre tipos efectivos, sobre todo en el Impuesto sobre Sociedades, es, cualquier cosa, menos riguroso. Nos falta análisis y para ello es preciso disponer de información. Eso era lo que quería decir.

Además, habría que promover estos estudios a nivel europeo y ver qué está pasando en los distintos países y responder a esta sencilla pregunta: ¿es necesario un Plan BEPS para personas físicas? Puede que sí. Hay que recordar que BEPS no nace de profundas disquisiciones teóricas sobre el rol del Impuesto sobre Sociedades en el sistema tributario sino de la percepción de que los agujeros en las legislaciones, a veces deliberados, y la descoordinación normativa entre países, estaba propiciando la erosión de bases imponibles.

Creo que si se hiciese un estudio en Europa sobre la distribución de la carga fiscal de los impuestos por niveles de renta y patrimonio (no sobre bases imponibles o liquidables) tal vez descubriríamos que nuestros sistemas fiscales, a pesar de ser nominalmente progresivos, dejan de serlo a partir de cierto nivel, elevado eso sí, de renta y patrimonio, penalizan en exceso a las rentas muy bajas vía impuestos indirectos y, en general, lo que unos no pagan lo acaban pagando otros no precisamente los de mayor capacidad económica. Y los resultados habría que ponerlos en relación con las transferencias monetarias por tramos de renta y patrimonio para tener la foto completa. De otro modo hablamos de oídas o sobre la base de información incompleta e insuficiente.

Claro que, en la imposición personal, sin descartar el componente internacional, tendríamos que empezar analizando los problemas que genera nuestra propia descoordinación normativa interna, en especial entre el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), sin olvidarnos de otros “invitados especiales” como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

Podemos buscar ejemplos de inconsistencias de todo tipo. En una trasmisión mortis causa de un inmueble que haya estado generando hasta entonces rentas gravadas en el IRPF, el pago del IBI, etc., y que ahora sea gravado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, además, por la plusvalía municipal, se puede llegar a una tributación acumulada muy significativa. Pero si se trasmite un fondo de inversión que valga lo mismo que el inmueble y que no haya generado nunca rentas gravadas podemos encontrarnos con que la transmisión sucesoria tampoco esté gravada, es decir que ni tribute antes, ni durante, ni después, en tanto no se produzca la realización, eso sí con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas por lo que se refiere al ISD. Me temo que el asunto se nos ha ido de las manos y me temo que la solución a estos problemas de descoordinación y agravio comparativo, sin información fiable y sin debate público informado, no será la correcta. Y no es un problema de pagar más o menos, cada uno tendremos nuestra idea al respecto, igualar por arriba, igualar por abajo, pero creo que diferencias tan grandes no nos parecen aceptables a la mayoría.

Pero volviendo al problema de la estimación de cuántos impuestos se pagan en el año en función del nivel de renta total, la principal aproximación la ha realizado FEDEA con su Observatorio sobre el reparto de los impuestos en los hogares españoles (Enlace: http://www.fedea.net/segundo-informe-del-observatorio-sobre-el-reparto-de-los-impuestos-entre-los-hogares-espanoles/).

De acuerdo con el Observatorio, en 2014 solo el 1% de los hogares obtenía rentas anuales superiores a 178.000 euros, concentrando estos hogares el 5,7% de las rentas totales (con todas las cautelas debido a los problemas de medición). Pues bien, este 1% dedicaba un 37% de sus ingresos previos a pagar impuestos. En el año anterior el porcentaje era el 33%, lo que ofrece dudas, puesto que la variación es significativa, y más debido a las dificultades de medición de un grupo tan reducido y heterogéneo de hogares y la no disponibilidad de series históricas largas.

Este es el gráfico en el que FEDEA presenta la información por tramos de renta bruta:

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En el gráfico también llama la atención la aportación fiscal del 20% con menores rentas brutas, mayor que la de la mayoría de los restantes tramos de renta, excepto los más altos, paradoja que se explica tanto por la existencia de rentas negativas de actividades económicas como por la incidencia de los impuestos sobre el consumo que recaen sobre todos los contribuyentes, también sobre los de menor renta, e incluso en mayor medida en términos relativos sobre estos últimos puesto que tienen que dedicar todos sus ingresos a consumir ya que no tienen capacidad de ahorro.

Son datos a completar, depurar y profundizar, a esto me refiero cuando digo que, a pesar del esfuerzo de FEDEA, falta análisis.

Por otra parte, el Observatorio pone de manifiesto que el IRPF es el tributo más relevante en la cesta de impuestos que pagan los hogares, seguido del IVA y las cotizaciones sociales a cargo de los hogares (excluidas las satisfechas por el empleador) y, a mayor distancia, los impuestos sobre consumos específicos. El Impuesto sobre el Patrimonio es puramente testimonial (incluso el 1% de los hogares con más renta destina tan solo un 0,1883% de sus ingresos previos a pagar el impuesto).

Así, refleja FEDEA el peso de cada impuesto:

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Por otra parte, según el estudio de FEDEA, salvo en el quintil superior (el 20% de hogares con más renta), el peso de los impuestos pagados es inferior al de las prestaciones monetarias recibidas, aunque hay que reconocer que ello se debe, básicamente, a la importancia de las pensiones en la renta de muchos hogares. Pero pensionistas al margen, surgen algunas preguntas: ¿cuántos contribuyentes pagan el IRPF y a la vez son receptores de transferencias públicas, a veces más de una?, ¿tiene sentido que sea así?

Una idea que el estudio de FEDEA defiende, y que comparto plenamente, es que es necesaria una función continúa renta / prestaciones monetarias que permita articular políticas sociales y redistributivas consistentes y efectivas. Ello no tendría que significar en absoluto una recentralización de competencias, aunque, desde luego, implicaría un nivel de coordinación entre administraciones muy superior al actual.

Pero no solo tenemos carencias de información sobre la distribución de la carga fiscal por niveles de renta. En el ámbito patrimonial el contraste de información estadística y fiscal es más difícil, pero el Banco de España realiza una amplia encuesta en la que, además, se cuida la representatividad de la información estadística que suministran los grandes patrimonios, los datos están normalizados a nivel europeo y empieza a haber series históricas largas que permiten análisis comparativos. Este es el enlace: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2017/T1/fich/beaa1701-art2.pdf.

No solo se trataría de ver la consistencia entre esta información y la tributaria en el caso de los contribuyentes con patrimonios significativos, que son los únicos obligados a declarar el IP, sino también de chequear si el volumen de información sobre bienes y derechos en el extranjero declarado en el modelo 720 es consistente con el patrimonio en el exterior que reflejan las estadísticas.

En absoluto estoy proponiendo usar información estadística protegida para seleccionar contribuyentes a inspeccionar u otros fines tributarios, el secreto estadístico lo impide, lo único que digo que habría que ver si existe coherencia entre las fuentes fiscales y las estadísticas, por ejemplo, sobre un tema tan sensible como los activos en el exterior, porque la existencia de territorios todavía opacos constituye un grave problema para las administraciones tributarias y no estaría de más evaluar el alcance del problema y si está realmente reduciéndose en los últimos años. Porque no tenemos estudios oficiales sobre el fraude ni de este tipo ni con carácter general, otro tema a solventar.

Otro ámbito en el que falta análisis es el de la tributación efectiva en el Impuesto sobre Sociedades de los grupos económicos. Mi propuesta no puede ser más simple: con las debidas cautelas para respetar la confidencialidad de la información, que se publiquen estadísticas con la información declarada por los grupos españoles en la declaración tributaria país por país (modelo 231). Es la única forma de saber si el Impuesto sobre Sociedades devengado y pagado en España por los grupos con sede en nuestro país es consistente con sus beneficios, activos y ventas en España.

Aunque hay propuestas en Europa para que sea obligatorio publicar esta información grupo a grupo, de momento no existe tal obligatoriedad (salvo, por motivos regulatorios, no fiscales, en el sector financiero), por lo que estamos hablando únicamente de difundir datos agregados. En cualquier caso, hacerlo serviría para clarificar un debate, en mi opinión, hasta ahora desenfocado, puesto que dos tercios de las actividades de las mayores empresas se desarrollan en el exterior y todas ellas aplican el régimen de consolidación fiscal, lo que dificulta conocer, con la información estadística actual, qué porcentaje representa su cuota del Impuesto sobre Sociedades español, incluidas Haciendas Forales, sobre los beneficios obtenidos en España antes de aplicar el impuesto y si ello es consistente con las magnitudes económicas de su actividad en nuestro país y con los impuestos devengados y pagados a nivel mundial respecto de su beneficio global.

También hablaba en la entrevista con Bruno Pérez de países de primera y segunda división en términos de hacienda pública y eso merece una explicación, pero lo dejo para otro día porque acabo de ver que Eurostat ha publicado los datos de 2017 sobre ingresos y gastos públicos sobre el PIB de los 28 Estados miembros y quiero verlos más despacio.

 

 

El FMI ha vuelto a proponer la subida del IVA. Yo no lo veo nada claro.

20 de abril de 2018. Jesús Gascón Catalán.

Esta semana, con ocasión de la presentación del Fiscal Monitor de abril de 2018 “Capitalizing on Good Times” del Fondo Monetario Internacional (FMI) (Enlace: http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018),  este organismo internacional ha vuelto a recomendar a España una subida del IVA.

No es ninguna novedad, el FMI, en su informe específico sobre España de octubre del año pasado (Enlace: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/10/06/Spain-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-45319),  ya nos recomendaba, como en años anteriores, aumentar los ingresos por este impuesto, constatando que en nuestro país solo el 60% del consumo es gravado al tipo general. Por tanto, son los tipos reducidos y no el tipo general los que están en el punto de mira. Y no estamos hablando de algo cosmético: el FMI considera que, eliminando gradualmente la aplicación de los tipos reducidos, podemos incrementar los ingresos por IVA dos puntos porcentuales sobre el PIB (más de 20.000 millones de euros).

También la Comisión Europea, en sus informes sobre la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos en España (Enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0074&from=ES) y en otros informes más generales orientados a la fiscalidad en los países, como Taxation Trends 2017 (Enlace: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf), ha advertido de la escasa capacidad recaudatoria del IVA español, que es uno de los principales factores que hacen que nuestro tipo implícito sobre el consumo se sitúe en el puesto 27 de los 28 países de la Unión Europea con un 16%, muy lejos de la media de la Unión (20,5%) y de la Eurozona (20,4%).

Además, en el Study and reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States de 2017 realizado por CASE para la Unión Europea sobre la brecha fiscal en el IVA (Enlace: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf), se afirma que España es el país de la Unión Europea con mayor policy gap en el IVA (porcentaje de recaudación que se deja de obtener debido a los incentivos fiscales), que alcanza en nuestro país un 59,53% de la recaudación potencial total, del cual un 14,59% es debido a los tipos reducidos y un 44,93% a las exenciones.

Así que el problema no está en el tipo general, puesto que, como puede verse en el gráfico siguiente, nuestro tipo general está bastante alineado con la media de la Unión Europea (21,5%), la Eurozona (20,8%) y el G11 (21,36%), extendiéndose el abanico dentro de la Unión entre el 17% que aplica Luxemburgo y el 27% que aplica Hungría.

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Matemáticamente la propuesta del FMI cuadra. En el Presupuesto de Beneficios Fiscales incluido en el Libro amarillo de presentación del proyecto Presupuestos Generales del Estado 2018 el coste recaudatorio del tipo reducido asciende a 8.668 millones de euros anuales solo para el Estado y el tipo superreducido añade otros 3.230 millones de coste también para el Estado. Si multiplicamos estas cifras por dos, puesto que el 50% de la recaudación del impuesto se atribuye a las Comunidades Autónomas de régimen común, el coste se aproxima a los 24.000 millones, a los que habría que añadir el coste que suponen los tipos reducidos para el País Vasco y Navarra puesto la fijación de los tipos del impuesto la efectúa siempre el Estado sin que las Haciendas Forales puedan modificarlo, por lo que la eliminación de los tipos reducidos también afectaría a los ingresos de dichos territorios.

Sin embargo, en términos de convergencia con la Unión Europea, argumento que también esgrime el FMI, no se acaba de entender bien la medida. Es cierto que los ingresos adicionales que se obtendrían aproximarían nuestra presión fiscal a la media europea, pero, claro, una subida impositiva de tal calibre focalizada en un solo impuesto, aunque fuese escalonada, nos situaría muy por encima de la media en el IVA en el contexto europeo.

Esta era la situación en 2016 en los países más avanzados de Europa (el G11), incluyendo también en el cuadro la media de la Unión, la Eurozona y el propio G11, además del dato de España.

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Si, como propone el FMI, aumentáramos la recaudación por IVA en España dos puntos porcentuales sobre el PIB directamente nos situaríamos entre los países con mayor presión fiscal en el impuesto, cerca de los países nórdicos y muy por encima de la media del G11, de la Unión Europea y de la Eurozona y también de Alemania, Francia o Reino Unido.

A mi juicio, una cosa es constatar que los ingresos por IVA en España están algo por debajo de los países de referencia y tenerlo en mente como un posible problema más a resolver y otra pasar a liderar la recaudación del impuesto en Europa.

Porque, además, nuestro diferencial con los países más avanzados se produce en todos los impuestos y el IVA no es el tributo con la mayor brecha. Ya lo hemos visto en otros post, en los que, además, hemos intentado explicar que los diferenciales, en ocasiones, son muy grandes en parte a causa de nuestra inferior renta per cápita y no solo por decisiones de política fiscal. Este es el gráfico resumen:

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Pero es que, además, subir 20.000 millones la recaudación por el IVA sesgaría nuestro sistema tributario hacia la imposición indirecta alejándonos de los países de referencia. Este gráfico también lo he utilizado con anterioridad para reflejar el peso de los impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales en 2016 en España y en el G11.

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Si el IVA pasase a representar un 23,3% de los ingresos tributarios totales en España frente al 18,8% actual – que ese sería el impacto de aumentar la recaudación por el impuesto dos puntos sobre el PIB -, ello supondría, suponiendo que el resto de los ingresos tributarios se mantuvieran con un peso constante sobre el PIB, llevar el peso de los impuestos indirectos en España al 38,3% del total de los ingresos fiscales frente al 32,46% que suponen en los países más avanzados de Europa. Y el IVA, como acabo de decir, representaría un 23,3% de los ingresos tributarios en España, frente al 17,3% que representa en el G11.

Es cierto que el FMI recomienda actuar también en nuestro país sobre otro tipo de impuestos, como los medioambientales, y también hay que tener en cuenta que, si nuestra renta per cápita y el empleo crecen, los ingresos por otros conceptos fiscales también se incrementarán (salvo reducciones impositivas que contrarresten este efecto), pero, subiendo drásticamente la recaudación por IVA, nuestro sistema fiscal se sesgaría en exceso, al menos en mi opinión, hacia la imposición indirecta, yendo en sentido contrario de lo que aconsejaría la convergencia con los países que sí nos deben servir de referencia.

Pero no todo son porcentajes y cifras. La eliminación del tipo superreducido en España tendría importantes efectos regresivos, puesto que afectaría en mayor medida a los contribuyentes con menores rentas. Algo parecido, aunque en menor medida, sucedería con determinados bienes que tributan al tipo reducido.

A este respecto, un estudio de Desiderio Romero (Los impuestos indirectos en España: diagnosis y discusión de propuestas factibles de reforma. La fiscalidad en España: problemas, retos y propuestas, Desiderio Romero. Papeles de Economía Española, 139. Páginas 39 – 55) estimaba que los productos que tributan al tipo superreducido representan entre un 20% y un 30% de la cesta de la compra de las dos decilas más bajas de renta, mientras que tan solo representan un 10% para la decila superior. En el caso de los bienes y servicios que tributan al tipo reducido del 10%, la dispersión es menor, representando en torno a un 20% para casi todas las decilas, aunque en la superior se llega al 32%. Además, está el problema del turismo, ya que en nuestro país tributan al 10% la hostelería y la restauración, así como los transportes de viajeros.

Como he explicado en distintas publicaciones, la redistribución y la progresividad se deben lograr básicamente con la política de gasto y los impuestos directos. Es un error pensar que todos los impuestos tienen que ser progresivos, lo que debe serlo es el sistema tributario en su conjunto. Por tanto, es totalmente ineficiente establecer un tipo reducido o superreducido, del que se benefician todos los contribuyentes, incluso los que tienen mayor capacidad económica, si se puede conseguir el mismo efecto mediante otras medidas. Además, los tipos reducidos tienen un importante coste recaudatorio y generan problemas de neutralidad, interpretativos y de gestión.

Sin embargo, no es lo mismo diseñar un sistema tributario desde cero que partir de una realidad consolidada. La supresión total o parcial de los tipos reducidos tendría efectos regresivos claros y sería necesario establecer compensaciones para los más desfavorecidos, y el IRPF actual no es el instrumento adecuado para ello, puesto que los contribuyentes de rentas más bajas están exonerados del tributo, por lo cual, cualquier sistema de compensaciones debería articularse mediante programas de ayuda monetaria y para ello es preciso disponer de un IRPF integral que se defina como una función continua que integre también todas las prestaciones y ayudas públicas monetarias que, además, en España son gestionadas por distintas administraciones no siempre coordinadas entre sí.

Existen proyectos, como el IVA personalizado, defendido por Alberto Barreix (El Impuesto al valor añadido que sea lo que es, Alberto Barreix, Martín Bès, Santiago Díaz de Sarralde y Fernando Velayos. Capítulo 8 del libro Recaudar no basta. Los impuestos como instrumento de desarrollo del BID), que con los avances tecnológicos se puede convertir en realidad a medio plazo: que los consumidores más desfavorecidos paguen sus consumos (o determinados consumos) con una tarjeta específica que permitiría que se les devolviese, total o parcialmente, el IVA satisfecho en dichos consumos. El abono se podría producir en una cuenta asociada a la propia tarjeta o, incluso, afectarse a reforzar sus pensiones futuras (en la medida en que no necesitasen liquidez de forma acuciante).

En tanto no se disponga de estos instrumentos con la fiabilidad suficiente, entiendo que no es razonable eliminar total o parcialmente los tipos reducidos, argumento que también puede servir para poner en cuarentena cualquier subida del tipo general (o de los propios tipos reducido y superreducido).

Por otra parte, consideraciones sociales al margen, hay un argumento adicional a favor del mantenimiento del tipo reducido: el turismo. Como explica Dolores Beato (El IVA en el Informe Mirrlees, María Dolores Beato. Opciones para una reforma del sistema tributario español. Fundación Ramón Areces. Páginas 263 – 292), aunque se pudiera diseñar un sistema de compensaciones a los contribuyentes más desfavorecidos para paliar el efecto regresivo de la desaparición de los tipos reducidos, no sería posible compensar de ninguna forma por dicha supresión a los turistas extranjeros, por  lo que deberían pagar el tipo general en hoteles, bares y restaurantes, lo que supondría, una merma de competitividad para un sector tan crítico para nuestra economía como es el turístico.

Podría buscarse alguna solución parcial que ya se aplica en otros países, como es la tributación al tipo general de las bebidas alcohólicas servidas en bares y restaurantes (como sucede con las ventas directas en los comercios), manteniendo el tipo reducido para el resto de los servicios de hostelería y restauración, decisión con implicaciones de todo tipo: sanitarias, sectoriales, de empleo, y que hay que reconocer que sería tremendamente impopular.

Respecto del peso de la opinión pública en este tipo de decisiones, cabe recordar la polémica que se ha producido en España sobre el tipo de IVA aplicado a determinados servicios culturales. José Félix Sanz (Una nota sobre el IVA y el consumo de cine, teatro y otros espectáculos, José Félix Sanz, Desiderio Romero-Jordán. FUNCAS. Cuadernos de Información Económica 253. Julio / agosto 2016. FUNCAS. Página 67 – 75) explica que el consumo de cine, teatro y otros espectáculos está directamente relacionado con el nivel de renta, el nivel de estudios (correlacionado también con el de renta) y la edad de los hijos y constata que la demanda de los servicios de la industria del espectáculo es muy elástica y un aumento de la renta de un 1% genera incrementos en el consumo superiores a dicho 1% (sucede lo contrario cuando cae la renta). Por tanto, cualquier reducción de tipos a estos servicios es regresiva y su aumento progresivo, pero la opinión pública está claramente en contra de su tributación al tipo general.

Algo parecido sucede con los servicios de restaurante, alojamiento o viajes en tren de larga distancia, puesto que su peso en el gasto de los hogares varía enormemente en función del nivel de renta: el gasto en restaurantes representa un 3,2% para las rentas bajas y un 9,5% para las altas, en el gasto en establecimientos hoteleros la diferencia va del 0,02% al 0,7% y en los viajes en tren del 0,05% al 0,15%. Sin embargo, es fácil adivinar la oposición pública que originaría simplemente plantear una posible subida de tipos a estos servicios. Por tanto, no son solo las consecuencias frente al turismo exterior el obstáculo a salvar.

Hay debates conexos. La Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español en su informe de 2014, los organismos internacionales (aunque con menor intensidad en los últimos años) y bastantes autores han propuesto para nuestro país una devaluación fiscal, es decir, una reducción de las cotizaciones sociales a financiar con una subida del IVA. Obviamente, para afrontar una medida de este calado, además de resolver todos los problemas que hemos visto, habría que tener claro el modelo de financiación de la Seguridad Social que queremos, el nivel de prestaciones a financiar de acuerdo con las preferencias sociales y cómo articular el sistema para reforzar su sostenibilidad futura, debate que no está ni mucho menos cerrado.  Y a ello habría que añadir el problema territorial porque, como ya dijimos, el 50% de la recaudación por IVA es para las CCAA de régimen común.

Por último, aunque pudiera parecer lo contrario puesto que estoy defendiendo la estructura de tipos actual, veo con gran escepticismo la propuesta de la Comisión Europea para dar mayor margen a los Estados miembros para establecer tipos reducidos, incluso tipos cero (Enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A20%3AFIN).

Entiendo que esta propuesta se debería supeditar a un acuerdo previo entre los Estados sobre el régimen definitivo a aplicar a las operaciones intracomunitarias y, además, establecerse un umbral mínimo de tributación basado en el tipo medio efectivo aplicado en las operaciones con consumidores finales (y no sobre las bases imponible sujetas al impuesto que incluyen numerosas operaciones intermedias).

Incluso cumpliéndose las condiciones expuestas, creo que esta propuesta es un paso atrás en la armonización, es contradictoria con la estrategia armonizadora que se sigue en otros impuestos y abre la vía para reducciones de tipos poco meditadas, sobre todo en países como el nuestro en el que no existe cultura de la evaluación de los incentivos y teniendo en cuenta, además, ya hemos hablado de ello, que existen vías mucho más efectivas para conseguir resultados redistributivos que actuar sobre los tipos de este impuesto.

A modo de conclusión, sea cual sea el resultado del debate europeo, no me parece que eliminar o limitar considerablemente los tipos reducidos del IVA sea una buena idea para España en este momento, aun reconociendo que es una opción que presenta ventajas desde el punto de vista de la simplificación, neutralidad y eficiencia del sistema. Incluso, podría ser positiva desde el punto de vista de la progresividad del sistema si se consiguiera que solo se beneficiasen de forma efectiva de los incentivos fiscales en el impuesto los contribuyentes con menos recursos (mediante sistemas de IVA personalizado de devolución de cuotas). Pero no estamos en condiciones de establecer un sistema así, ni tenemos una solución para el sector turístico, así que, de momento, lo mejor es que nos quedemos como estamos.

 

 

Diferencial en presión fiscal con los países más avanzados

13 de abril de 2018. Jesús Gascón Catalán.

Como sucede con el gasto público, el porcentaje que representan en España los ingresos públicos sobre el PIB es inferior al porcentaje medio ponderado del G11 (el grupo de 11 países más avanzados de la Unión Europea). La diferencia en 2016 era de 7,98 puntos porcentuales. Respecto de la Eurozona y la Unión Europea en su conjunto la diferencia se situaba en 7 y 8,41 puntos, respectivamente. A la vista de la evolución de los ingresos en 2017 no parece que los diferenciales vayan a sufrir demasiadas variaciones.

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Por otra parte, en el cuadro anterior podemos ver que solo en pleno auge de la burbuja España logró cierta convergencia con los países más avanzados (3,43 puntos porcentuales de diferencial en 2007), puesto que tanto en 2001 como en 2014 y 2015 nuestros ingresos sobre el PIB se situaban en torno al 38% mientras que en el G11 no han bajado del 44% o 45% en lo que llevamos de siglo.

En 2016 la mediana del G11 la representa Austria con el 49,1%, superando dicho porcentaje Finlandia con el 54%, Dinamarca con el 53,2%, Francia con el 53%, Suecia y Bélgica con el 50,7%. Por encima del porcentaje español, pero claramente por debajo de la mediana del G11, se sitúan Alemania con el 45%, Holanda y Luxemburgo con el 43,8% y Reino Unido, con el 38,6%. Únicamente Irlanda, con el 26,4% queda por debajo (en buena parte debido a la peculiar composición de su PIB).

Es llamativa la diferencia de más de 10 puntos porcentuales con la mediana del G11 y 6 países del G11, y la forma en que se ha ampliado la brecha no solo con el grupo de países en su conjunto sino también con alguno de los más grandes, puesto que el diferencial con Alemania se ha ampliado de 2 puntos porcentuales en 2007 a 7,3 puntos en 2016, y el diferencial con Francia, que era de 8,7 puntos en 2007, ahora es de 15,3 puntos porcentuales. Respecto del Reino Unido, el porcentaje español en 2007 era 2,6 puntos superior, mientras que en 2016 es 0,9 puntos porcentuales inferior.

Veamos ahora qué sucede cuando nos centramos en los ingresos tributarios, incluidas cotizaciones sociales, es decir, en la presión fiscal.

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Como podemos ver en el cuadro anterior, en España la presión fiscal en 2016 fue del 34,1%, lo que situaba el diferencial en 6,9 puntos porcentuales el diferencial con el G11, en 5,9 puntos con la media de la UE y en 7,2 puntos con la Eurozona.

Por otra parte, existen algunas diferencias en los pesos de los impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales entre España y el G11. En particular, es llamativo el escaso peso de los impuestos directos en España en comparación con el G11 (lo que en parte está relacionado con el menor nivel de renta per cápita en nuestro país).

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Con un mayor nivel de desglose, el peso en España de las principales figuras tributarias sobre la recaudación tributaria total en 2016 en España y el G11 es el siguiente.

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Por otra parte, el gráfico siguiente permite ver con claridad que en 2016 España presenta un claro déficit en recaudación sobre el PIB tanto en los ingresos no tributarios, como en los ingresos tributarios (impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales). Considerando la recaudación sobre el PIB obtenida por el G11 como base 100, la recaudación obtenida sobre el PIB por España en la imposición directa representa tan solo un 74,52% de la media ponderada de los países del G11. En el caso de los ingresos no tributarios el porcentaje es ligeramente más elevado: 76,92%. Con los impuestos indirectos el porcentaje sube sustancialmente: 87,54%, lográndose el porcentaje más alto en cotizaciones sociales: 90,30%.

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En puntos porcentuales estas son las diferencias con el G11 (entre los totales y el desglose por impuestos se producen algunas diferencias debidos a los ajustes por recaudación incierta).

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Una vez más hay que destacar que cada punto porcentual de diferencia supone para España más de 10.000 millones de euros, por tanto, tenemos un diferencial próximo 80.000 millones si hablamos exclusivamente de ingresos tributarios y cerca de 90.000 millones si consideramos todo tipo de ingresos públicos.

Volviendo al cuadro, el principal diferencial se produce en el IRPF, 2,53 puntos porcentuales, seguido de las cotizaciones sociales, 1,31 puntos, los impuestos indirectos distintos del IVA, 0,99 puntos, el propio Impuesto sobre el Valor Añadido, 0,69 puntos, los impuestos directos distintos del IRPF y del IS, 0,6 puntos, y el propio Impuesto sobre Sociedades, 0,46 puntos. Cabe destacar que frente a lo que suele pensar, el mayor diferencial se produce en la imposición directa, 3,59 puntos, más que doblando el diferencial que se constata que existe en los impuestos indirectos, 1,68 puntos.

Como veíamos en un post anterior al hablar del peso del gasto social sobre el PIB, también al analizar la presión fiscal (ver cuadro siguiente) se observa que hay un grupo de 6 países que se sitúan claramente por encima de la media ponderada del G11, de la Unión Europea y de la Eurozona.

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Los seis países con mayor presión fiscal son Dinamarca con el 47,6%, Suecia con el 47,3%, Bélgica con el 46,1%, Austria con el 45,4%, Francia con el 44,4% y Finlandia con el 43,3%. No sorprende que los 6 países sean los mismos que también destacan por el peso sobre el PIB que representa su gasto social. El diferencial de España con el último de ellos en presión fiscal, 34,1% frente a 43,3% es enorme, 9,2 puntos porcentuales, distancia inasumible ni siquiera en el medio o largo plazo, entre otros motivos porque sería necesario, como es lógico, un amplísimo consenso social y político que permitiese un largo esfuerzo de años para converger a esas cifras.

Menor es el diferencial con el grupo de 4 países que se sitúan por debajo de la media, Alemania con el 39,6%, Luxemburgo con el 39,1%, Holanda con el 36,8% y Reino Unido con el 34,3%, dejando al margen a Irlanda, con el 29,9%, por las razones metodológicas ya apuntadas. En cualquier caso, de nuevo las pensiones constituyen un factor a considerar y todos los países citados obtienen una recaudación sobre el PIB por cotizaciones sociales claramente inferior a la española. Es cierto que las pensiones se pueden financiar con impuestos, pero, al hablar de gasto, ya vimos que Holanda, Luxemburgo y Reino Unido invierten menos sobre el PIB en esta partida que nosotros.

Pretender eliminar estos diferenciales en el corto o medio plazo es utópico. Además, no podemos olvidar que estamos hablando de países con una renta per cápita claramente superior a la nuestra. Además, el gráfico siguiente muestra que, como regla general, existe una clara relación entre la renta per cápita media de los países y el peso de sus ingresos públicos sobre el PIB. En el G11, salvo el caso de Irlanda, con sus particularidades metodológicas, todos los países tienen mayores ingresos sobre el PIB que España y también rentas per cápita superiores a la nuestra.

Doc8-000

Mi opinión es que, con nuestra renta per cápita actual, no parece razonable una subida drástica y generalizada de impuestos. Además, el primer paso no es determinar dónde queremos que se sitúe la presión fiscal sino decidir qué nivel de gasto público sobre el PIB responde a las preferencias sociales mayoritarias de los ciudadanos.

Evidentemente, cualquiera que sea el nivel de gasto e ingresos públicos a conseguir, ello ha de ser compatible con una mayor calidad de la intervención pública, la racionalización y el control del gasto público y una mayor eficiencia y certeza jurídica en el sistema tributario, con un mejor cumplimiento voluntario y la reducción del fraude fiscal. Sin embargo, el nivel óptimo de gasto público y de presión fiscal son decisiones políticas en las que es lógico y deseable que haya debate y opiniones diferentes.

En cualquier caso, no existe una fórmula matemática que permita determinar cuál debería nuestra presión fiscal idónea teniendo en cuenta nuestro nivel de renta. La línea de tendencia muestra que nos encontramos algo por debajo de nuestro potencial. Probablemente con un sistema tributario más eficiente y equitativo lograríamos alcanzar ese potencial.

No sería descabellado apostar por ir incrementando nuestra presión fiscal en la medida en que la renta per cápita española aumente. Es decir, el pacto social pasaría por admitir que deberíamos pagar más impuestos sobre nuestros ingresos en la medida en que vayamos siendo más ricos, de tal forma que podamos financiar mejores servicios públicos, pero sin que ello impida que nuestra renta disponible después de impuestos siga aumentando con el crecimiento. Para un ciudadano, no se trataría de pagar más impuestos a igual nivel de renta, sino de realizar un mayor esfuerzo fiscal si su renta sube, es decir, si se beneficia del crecimiento económico. Todo ello sin renunciar a solucionar algunas disfunciones de nuestro sistema tributario y realizar una reforma fiscal buscando tanto la equidad como la eficiencia.

Intentaré desarrollar esta idea y ponerle cifras en nuevas entradas.

 

Ingresos tributarios en 2017 y previsiones para 2018

7 de abril de 2018. Jesús Gascón Catalán.

En los días pasados se han presentado los datos definitivos de recaudación del año 2017 y también las previsiones para 2018.

Según el Informe Mensual de Recaudación Tributaria de diciembre, los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria proporcionaron 193.951 millones de euros en 2017, un 4.1% más que en 2016.

Doc1-000 (4)

En cualquier caso, el aumento de la recaudación fue de un 6,3% en términos homogéneos, es decir, si se tiene en cuenta que la periodificación de los ingresos y las devoluciones en los diferentes impuestos en los dos años no coinciden. La entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) es el principal factor que explica estas diferencias de periodificación, puesto que traslada a 2018 ingresos por 4.150 millones que, sin el SII, se hubieran producido en 2017.

En 2017, los ingresos tributarios, descontadas las medidas normativas con impacto en el ejercicio, han crecido un 5,9%. El IVA, de nuevo a causa del SII, es el impuesto en el que las medidas normativas han producido el mayor impacto recaudatorio en el ejercicio.

Doc11-000

Como explica el Informe de la Agencia Tributaria del que hemos extraído los datos anteriores, en el IRPF destaca el comportamiento favorable de las ganancias patrimoniales, las retenciones del trabajo satisfechas por PYMES y los pagos fraccionados. En el IS, lo más destacable es que los pagos fraccionados, que son el principal componente de los ingresos por el impuesto, crecieron en igual medida que la recaudación total por el tributo. En el IVA, si se descuenta el efecto del SII, los ingresos crecen en línea en que ha aumentado el gasto final sujeto al impuesto (un 6,5% frente al 6,8%).

Por otra parte, volviendo a las 3 cifras totales reflejadas en el primer cuadro, se observa que tanto la recaudación real (193.951 millones), como la recaudación en términos homogéneos (197.995 millones) y la recaudación descontando los efectos normativos (197.312 millones de euros), han quedado por debajo de las previsiones. La recaudación real ha sido un 3,5% inferior a lo previsto, algo más de 7.000 millones por debajo de las cifras estimadas en el Presupuesto para 2017, habiéndose incumplido la previsión de ingresos en todos los impuestos. Por su parte, la recaudación en términos homogéneos y la recaudación lograda descontados los efectos normativos es, respectivamente un 1,5% y un 1,8% inferior a las prevista, quedando 3.000 millones por debajo de la recaudación estimada.

Hay que recordar que, desde 2008, el incumplimiento de las previsiones de ingresos tributarios gestionados por la Agencia Tributaria ha sido la regla general. Las explicaciones en unos y otros ejercicios son muy variadas, pero no parece que sea ésta una tendencia que deba consolidarse no solo por la necesidad de adecuar las previsiones a las posibilidades reales para una adecuada presupuestación, sino también porque el incumplimiento de las previsiones constituye una importante vía de presión sobre las Administraciones tributarias para conseguir resultados liquidatorios en el corto plazo, lo que dificulta los cambios en las planificación para que la lucha contra el fraude responda a una estrategia plurianual con un mayor énfasis en la prevención.

Doc3-000 (1)

No obstante, si nos centramos en los aspectos positivos, podemos ver en el gráfico siguiente que, en los últimos años, los ingresos tributarios están aumentando, como regla general, por encima de la tasa de crecimiento de la demanda interna (también del PIB).

Doc4-000

Si tomamos como referencia los impuestos devengados en los diferentes ejercicios y descontamos los efectos normativos, ésta es la evolución de los ingresos tributarios:

Doc5-000

El gráfico anterior muestra con claridad que la vuelta al crecimiento económico está permitiendo que los ingresos tributarios devengados, sin efectos normativos, estén aumentando dos puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento de la demanda interna. Ello es así, debido a la llamada progresividad en frío en el IRPF (ocasionada por la no deflactación de las tarifas del IRPF y la no actualización de sus principales variables económicas, como los mínimos personales y familiares o los límites para la obligación de retener) y también debido a que beneficios empresariales y determinadas rentas del ahorro crecen en mayor medida de lo que crece la economía en su conjunto. Es más difícil de medir el impacto que puedan estar teniendo en los ingresos tributarios posibles mejoras en el cumplimiento voluntario. Estos incrementos recaudatorios por encima del crecimiento de las principales magnitudes económicas (como la demanda interna o el PIB nominal) permiten aumentar la presión fiscal sin la necesidad de adoptar medidas tributarias expresas de incremento impositivo. Este es un tema clave, sobre el que volveremos en entradas futuras en el blog.

Por lo que se refiere a las previsiones para 2018, los datos que se hechos públicos en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 son los siguientes:

Doc6-000

Aunque la experiencia en los últimos años con las previsiones de ingresos no invita al optimismo, la tasa de crecimiento anunciada para 2018 parece más consistente que la que se previó en ejercicios anteriores. En cualquier caso, en euros reales, aumentar los ingresos en 16.065 millones no parece un objetivo sencillo de conseguir al 100%.

Probablemente sorprenda el porcentaje de crecimiento de la recaudación previsto para el IRPF (un 6,5%), puesto que se han anunciado reducciones impositivas en el tributo, pero, como se explica en las referencias al Presupuesto de Beneficios Fiscales que se incluyen en el Libro Amarillo de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, en términos de caja, algunas de las medidas no producirán efectos hasta 2019, de hecho las variaciones entre 2017 y 2018 en el coste recaudatorio que producen los beneficios fiscales en el IRPF son mínimas.

Una última referencia al déficit público. A pesar del esfuerzo de reducción en los últimos años, se observa que el Estado, si consideramos conjuntamente tanto la Administración Central como la Seguridad Social, está teniendo verdaderos problemas para reconducir el déficit. Es evidente que el Estado y las Administraciones territoriales forman un todo y son, en buena medida, vasos comunicantes, pero los datos son reveladores.

Doc7-000

Por tanto, queda un largo trecho en materia de ingresos y gastos no solo para buscar la referencia con los países más avanzados, como sostengo en distintas entradas en este blog, sino también para estabilizar nuestras finanzas públicas.

 

Ingresos tributarios en 2017 y previsiones para 2018

6 de abril de 2018. Jesús Gascón Catalán.

En los días pasados se han presentado los datos definitivos de recaudación del año 2017 y también las previsiones para 2018.

Según el Informe Mensual de Recaudación Tributaria de diciembre, los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria proporcionaron 193.951 millones de euros en 2017, un 4.1% más que en 2016.

Doc1-000 (4)

En cualquier caso, el aumento de la recaudación fue de un 6,3% en términos homogéneos, es decir, si se tiene en cuenta que la periodificación de los ingresos y las devoluciones en los diferentes impuestos en los dos años no coinciden. La entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) es el principal factor que explica estas diferencias de periodificación, puesto que traslada a 2018 ingresos por 4.150 millones que, sin el SII, se hubieran producido en 2017.

En 2017, los ingresos tributarios, descontadas las medidas normativas con impacto en el ejercicio, han crecido un 5,9%. El IVA, de nuevo a causa del SII, es el impuesto en el que las medidas normativas han producido el mayor impacto recaudatorio en el ejercicio.

Doc11-000

Como explica el Informe de la Agencia Tributaria del que hemos extraído los datos anteriores, en el IRPF destaca el comportamiento favorable de las ganancias patrimoniales, las retenciones del trabajo satisfechas por PYMES y los pagos fraccionados. En el IS, lo más destacable es que los pagos fraccionados, que son el principal componente de los ingresos por el impuesto, crecieron en igual medida que la recaudación total por el tributo. En el IVA, si se descuenta el efecto del SII, los ingresos crecen en línea en que ha aumentado el gasto final sujeto al impuesto (un 6,5% frente al 6,8%).

Por otra parte, volviendo a las 3 cifras totales reflejadas en el primer cuadro, se observa que tanto la recaudación real (193.951 millones), como la recaudación en términos homogéneos (197.995 millones) y la recaudación descontando los efectos normativos (197.312 millones de euros), han quedado por debajo de las previsiones. La recaudación real ha sido un 3,5% inferior a lo previsto, algo más de 7.000 millones por debajo de las cifras estimadas en el Presupuesto para 2017, habiéndose incumplido la previsión de ingresos en todos los impuestos. Por su parte, la recaudación en términos homogéneos y la recaudación lograda descontados los efectos normativos es, respectivamente un 1,5% y un 1,8% inferior a las prevista, quedando 3.000 millones por debajo de la recaudación estimada.

Hay que recordar que, desde 2008, el incumplimiento de las previsiones de ingresos tributarios gestionados por la Agencia Tributaria ha sido la regla general. Las explicaciones en unos y otros ejercicios son muy variadas, pero no parece que sea ésta una tendencia que deba consolidarse no solo por la necesidad de adecuar las previsiones a las posibilidades reales para una adecuada presupuestación, sino también porque el incumplimiento de las previsiones constituye una importante vía de presión sobre las Administraciones tributarias para conseguir resultados liquidatorios en el corto plazo, lo que dificulta los cambios en las planificación para que la lucha contra el fraude responda a una estrategia plurianual con un mayor énfasis en la prevención.

Doc3-000 (1)

No obstante, si nos centramos en los aspectos positivos, podemos ver en el gráfico siguiente que, en los últimos años, los ingresos tributarios están aumentando, como regla general, por encima de la tasa de crecimiento de la demanda interna (también del PIB).

Doc4-000

Si tomamos como referencia los impuestos devengados en los diferentes ejercicios y descontamos los efectos normativos, ésta es la evolución de los ingresos tributarios:

Doc5-000

El gráfico anterior muestra con claridad que la vuelta al crecimiento económico está permitiendo que los ingresos tributarios devengados, sin efectos normativos, estén aumentando dos puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento de la demanda interna. Ello es así, debido a la llamada progresividad en frío en el IRPF (ocasionada por la no deflactación de las tarifas del IRPF y la no actualización de sus principales variables económicas, como los mínimos personales y familiares o los límites para la obligación de retener) y también debido a que beneficios empresariales y determinadas rentas del ahorro crecen en mayor medida de lo que crece la economía en su conjunto. Es más difícil de medir el impacto que puedan estar teniendo en los ingresos tributarios posibles mejoras en el cumplimiento voluntario. Estos incrementos recaudatorios por encima del crecimiento de las principales magnitudes económicas (como la demanda interna o el PIB nominal) permiten aumentar la presión fiscal sin la necesidad de adoptar medidas tributarias expresas de incremento impositivo. Este es un tema clave, sobre el que volveremos en entradas futuras en el blog.

Por lo que se refiere a las previsiones para 2018, los datos que se hechos públicos en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 son los siguientes:

Doc6-000

Aunque la experiencia en los últimos años con las previsiones de ingresos no invita al optimismo, la tasa de crecimiento anunciada para 2018 parece más consistente que la que se previó en ejercicios anteriores. En cualquier caso, en euros reales, aumentar los ingresos en 16.065 millones no parece un objetivo sencillo de conseguir al 100%.

Probablemente sorprenda el porcentaje de crecimiento de la recaudación previsto para el IRPF (un 6,5%), puesto que se han anunciado reducciones impositivas en el tributo, pero, como se explica en las referencias al Presupuesto de Beneficios Fiscales que se incluyen en el Libro Amarillo de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, en términos de caja, algunas de las medidas no producirán efectos hasta 2019.

Una última referencia al déficit público. A pesar del esfuerzo de reducción en los últimos años, se observa que el Estado, si consideramos conjuntamente tanto la Administración Central como la Seguridad Social, está teniendo verdaderos problemas para reconducir el déficit. Es evidente que el Estado y las Administraciones territoriales forman un todo y son, en buena medida, vasos comunicantes, pero los datos son reveladores.

Doc7-000

Por tanto, queda un largo trecho en materia de ingresos y gastos no solo para buscar la referencia con los países más avanzados, como sostengo en distintas entradas en este blog, sino también para estabilizar nuestras finanzas públicas.

 

 

 

Distopía fiscal II

29 de marzo de 2018. Jesús Gascón Catalán.

Segunda entrega de Distopía fiscal. En esta ocasión, una asesora fiscal del futuro contesta por escrito a las dudas de su cliente. El siglo está muy avanzado, existen colonias permanentes en Marte, pero los problemas tributarios no parecen haber cambiado demasiado a pesar de la evolución cyberpunk de ciertos procedimientos…

Asesora

Apreciado Señor Solo:

Mis disculpas por el retraso en contestar. Los días cercanos al vencimiento de las obligaciones son duros, y más con los cambios normativos constantes, por lo que he estado sobrecargada de trabajo, pero, reiterándole mis disculpas, intentaré aclarar ahora mismo sus dudas.

No se fie demasiado de Pris (Personal Replicant for Information and Suggestions), el Asistente Virtual Marciano. Es loable la intención de prestar servicios de información avanzada a los colonos de cualquier país en cualquier materia, pero en el ámbito tributario las especialidades nacionales son muchas y está probado que los sistemas de inteligencia artificial, incluso los más sofisticados, siguen cometiendo muchos errores cuando informan sobre el complejo sistema tributario español.

La información que usted recibió: “Los sistemas de tributación objetivos desaparecieron en las primeras décadas del siglo debido a los avances tecnológicos”, es errónea. Es la típica respuesta de una máquina, con sus razonamientos basados únicamente en la lógica. El learning machine tiene sus límites, no conozco la situación en otros países, le soy sincera, pero en España el sistema de módulos sigue en vigor.

Y, efectivamente, como usted bien dice, según el Tratado del Monte Olimpo para la Delimitación Territorial de Marte, la Colonia Iniesta, ubicada en el cráter Schiaparelli, es territorio español a todos los efectos, incluidos los fiscales.

Por tanto, en el año presente, su actividad de transporte continúa tributando en módulos, siempre que siga cumpliendo los límites establecidos en la norma, en particular, siempre que no disponga de más de 4 cargueros espaciales. Ya conoce las reglas: como en los años anteriores, el rendimiento neto a declarar hay que calcularlo en función de las toneladas de carga y el número de androides y sin olvidar la reducción por actividad extraterrestre.

Lamento los perjuicios que las fuertes tormentas solares han provocado en el normal desarrollo de su actividad, pero le desaconsejo solicitar de forma expresa la reducción de los módulos por este motivo, por resultar innecesario, puesto que previsiblemente, coincidiendo con el inicio de la campaña del IRPF, como en todos los ejercicios, se publicará una Orden de reducción de módulos por circunstancias excepcionales como inundaciones, sequía persistente o tormentas solares.

Y todavía más le desaconsejo renunciar al régimen de módulos para así declarar pérdidas en el futuro. En este sentido, señor Solo, precisamente debido a que aplica el sistema de módulos, usted está excluido del nuevo sistema de Notificaciones Telepáticas Obligatorias, pero, si renunciase al sistema de módulos, pasaría a estar obligado a este nuevo sistema de notificaciones.

En tal caso, según la nueva normativa publicada en el BOE el 31 de diciembre, normativa que ha entrado en vigor el 1 de enero del año presente (siempre de acuerdo con el calendario terrestre), la Agencia Integrada de Administración Tributaria de España procedería a notificarle personalmente su inclusión en el nuevo sistema, notificación que, en un caso como el suyo, se efectuaría mediante una Sonda Espacial Notificadora o, si dicha Agencia hiciera uso de los instrumentos interplanetarios de asistencia mutua en materia de notificaciones, por Dron Notificador Marciano.

En la notificación se le conminaría a personarse en la Sección de Censos e Implantes de la Administración de la Agencia correspondiente a su domicilio fiscal para implantarle el chip que permite practicar las notificaciones telepáticas. El chip es un dispositivo que, cada vez que se emite un acto administrativo a notificar, genera en la cabeza del contribuyente una especie de voz interior que le informa del contenido de la notificación y que suena en bucle hasta que el contribuyente desvía mentalmente la notificación a un periférico, externo o integrado en su cuerpo – eso es indiferente -, momento en el que se entiende producida la notificación a todos los efectos jurídicos.

No cabe la posibilidad, quiero dejarlo claro para evitar malentendidos, de que yo, como asesora suya, asuma la recepción de sus notificaciones telepáticas. Es cierto que hay fórmulas de representación y apoderamiento que lo permiten, pero, hágase cargo, señor Solo, del número de chips que tendría que implantar en mi cabeza si asumiese recibir las notificaciones de todos mis clientes y la locura que sería escuchar continuamente una voz interior notificándome todo tipo de actos administrativos. Hay foros cooperativos en los que los asesores estamos hablando con la administración para buscar fórmulas que permitan racionalizar el sistema, como el chip único para intermediarios y la programación de horas concretas en las que recibir las notificaciones, pero, de momento, existe un chip por contribuyente (implantado al representante en el caso de las entidades) y, en estas condiciones, parece claro que cada cual ha de recibir sus propias notificaciones en su chip, al menos yo lo veo así.

Solo por este motivo, le repito que sería una muy mala idea renunciar al régimen de módulos. Además, quiero desmentir los rumores de los que usted se hace eco sobre la posible eliminación de este régimen de tributación en España. Con el sistema de codecisión establecido en la última reforma constitucional, los cambios normativos en los tributos que afectan al sistema de financiación territorial necesitan ser aprobados, no solo por las Cortes Generales, sino también por los 19 parlamentos autonómicos y los plenos de las 4 ciudades autónomas. Y no está de más recordar que la mayoría de los parlamentos están aprobando por unanimidad mociones en la que instan al Gobierno central a que abandone cualquier pretensión de eliminar o recortar el sistema de módulos “debido a las dificultades que tiene para los pequeños empresarios el cumplimiento de las obligaciones formales inherentes al régimen general de tributación, tales como el conocimiento de su cifra de negocios o el registro de sus operaciones”.

Por último, por lo que se refiere a la adquisición por su parte de una segunda residencia, ubicada también en el cráter Schiaparelli, observo, por las coordenadas de geolocalización que me remite, que dicha residencia está fuera de la Colonia Iniesta, en concreto a 1,3 kilómetros de distancia de su límite fronterizo, si no me equivoco. En consecuencia, ha adquirido usted una propiedad fuera del territorio español, por lo que tendrá que presentar el modelo 720 (declaración de bienes y derechos situados en el extranjero), obligación cuyo incumplimiento acarrea importantes multas, por lo que, salvo que me diga otra cosa, le solicito me remita la información necesaria para rellenar dicho modelo y proceder a su presentación.

Respecto al pago de la transacción en lingotes de oro marciano y la formalización de la operación mediante blockchain notarial en un nodo intermitente de la Colonia The Rock, también ubicada en el cráter Schiaparelli, bueno, señor Solo, le ruego no se moleste por lo que le voy a decir, creo que es mi deber advertirle de que “alguien” puede considerar que este signo externo es poco coherente con las dificultades que usted dice estar pasando en su actividad empresarial a causa de las tormentas solares, razón de más para no iniciar ningún expediente individual de reducción de módulos y, menos todavía, para renunciar a este sistema.

Por no hablar del peculiar modo de formalización y pago de la transacción. Quiero resaltar que usted no me comunicó con anterioridad su intención de realizar la compra de la segunda residencia, de lo cual, sinceramente, me alegro, porque, de otro modo, al tratarse de una operación exterior formalizada y pagada en un territorio cuya reputación fiscal no es la mejor, ello me hubiera obligado a informar de mi asesoramiento a la Administración tributaria en cumplimiento de las crecientes obligaciones de revelación de planificaciones fiscales y operaciones internacionales que tenemos que cumplir los asesores fiscales.

Por tanto, si le parece, mis servicios profesionales sobre este punto se van a limitar a la presentación, con la información que usted me proporcione y en su nombre, del modelo 720, por lo cual, aunque vaya en contra de mis intereses, no le cobraré ningún importe adicional, manteniendo las condiciones económicas de nuestra relación profesional, al menos durante este año, tal y como acordamos hace unos meses, no hace falta que me lo recuerde.

Atentamente

Barbarella de las Angustias

 

Diferencias en el gasto público social entre España y los países más avanzados de Europa

23 de marzo de 2018. Jesús Gascón Catalán

Como hemos visto en anteriores entradas, a pesar de su repunte en los últimos años, no existe en España un problema de desigualdad de rentas de mercado mayor que el que se produce en los países más avanzados de la Unión Europea. Sin embargo, en nuestro país se observan problemas significativos en ámbitos muy relevantes en los que existe amplio margen de mejora: elevado desempleo estructural, precariedad laboral (con abuso de la contratación temporal y de la figura del falso autónomo, gran número de contratos temporales de escasa duración, trabajos a tiempo parcial de personas que desean trabajar a tiempo completo, horas extra no remuneradas), devaluación salarial, un salario mínimo reducido en términos europeos, políticas de empleo poco efectivas, instituciones laborales en declive, falta de adecuación entre la formación y el empleo. Por tanto, el mercado de trabajo constituye un ámbito claro de mejora si queremos converger con los países europeos de referencia.

De igual forma, la educación y la sanidad, en la medida en que aseguran que los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades, son tanto una forma de redistribución (en cuanto que constituyen rentas en especie) como importantes vías para la predistribución. Más adelante, hablaremos de las prestaciones monetarias públicas, otra pieza esencial en la redistribución.

Por otra parte, una estructura empresarial excesivamente atomizada y con carencias de formación y gobernanza, la existencia de mercados poco competitivos, el exceso de clientelismo y corrupción, la falta de innovación y de inversiones en I+D realmente efectivas, la congelación de la inversión pública y el gasto en infraestructuras, la lentitud de la justicia y los retrasos en la adaptación al nuevo entorno de la Administración en sus diferentes niveles, no siempre coordinados entre sí, constituyen un lastre para el crecimiento y la superación de los problemas estructurales que limitan la capacidad del país de generación de riqueza compartida.

Por tanto, aunque no se puede ignorar el diferencial de gasto público sobre el PIB de España con los países del G11 – luego analizaremos los datos -, tampoco se puede simplificar y llegar a la conclusión apresurada de que reduciendo o eliminando ese diferencial, España puede alcanzar sin más los niveles de calidad de vida y estándares sociales de los países más avanzados.

En materia de buena gobernanza pública, el Banco Mundial ha definido indicadores que analizan los siguientes ámbitos: responsabilidad y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia de gobierno, calidad regulatoria, imperio de la ley y control de la corrupción.

Aplicando todos estos indicadores, en el gráfico siguiente se observa que existe un claro diferencial entre España y el G11 también en este punto, logrando nuestro país una valoración global de 76 puntos sobre 100, frente a los 90 puntos de media que obtiene el G11, muy por encima de los 79 puntos que logra la Unión Europea en su conjunto y de los 81 puntos que consigue la Eurozona que, en cualquier caso, superan también el resultado español.

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Llama la atención que el diferencial de España en gobernanza con el G11 es mayor (un 15,56%, 76 frente a 90 puntos) que el diferencial que tenemos respecto de este grupo de países en gasto público sobre el PIB (un 10,19% en 2016, el 42,2% en el caso español frente al 46,99% de media ponderada del G11). Esto no ocurre con la Unión Europea (diferencial del 3,80% en gobernanza y del 8,86% en gasto sobre el PIB) ni con la Eurozona (diferenciales del 6,17% y del 11,34%, respectivamente).

También se observa que, en buena medida, a mayor volumen de gasto público sobre el PIB, mejores son los resultados en materia de gobernanza pública.

Pero, como decía antes, el volumen de gasto público español sobre el PIB es claramente inferior al de los países más avanzados de la Unión Europea. En especial, el diferencial es muy amplio en las prestaciones sociales distintas de las pensiones y de las prestaciones por desempleo.

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Tomando como referencia 2016, en el gráfico anterior vemos reflejado nuestro diferencial negativo con el G11 en puntos porcentuales, 4,79 puntos porcentuales (en 2015 el diferencial era de 3,48 puntos), recordando que cada punto sobre el PIB representa unos 11.000 millones de euros de gasto público en España.

Veamos el desglose de este diferencial. En primer lugar, en relación con los intereses de la deuda, en el gráfico se observa que existe un claro diferencial, en este caso positivo, puesto que en esta partida nuestro gasto sobre el PIB es mayor que en el G11, debido al notable incremento del endeudamiento en España en los últimos años y a los mayores tipos de interés que pagamos en comparación con los países de referencia.

Las prestaciones por desempleo también presentan un diferencial positivo, a causa de nuestra elevada tasa de desempleo, todavía superior a la de los países del G11, lo que hace que nuestro gasto sobre el PIB en esta partida también sea mayor de lo que representa en los países más avanzados.

En el caso de las pensiones, el diferencial es negativo, pero reducido, tan solo 0,13 puntos porcentuales sobre el PIB, lo que no quiere decir que no estemos afrontando un importante reto de futuro en este ámbito.

En el resto del gasto no social (excluidos, los intereses de la deuda), el diferencial negativo es de 0,63 puntos porcentuales sobre el PIB, que no parece excesivo, aunque hay partidas especialmente reducidas en España, como la inversión pública, que en el conjunto de las Administraciones Públicas ha caído hasta el 1,9% del PIB, su porcentaje más reducido desde 1970, y el más bajo de la Unión Europea.

En educación, como muestra el cuadro, el diferencial negativo respecto del G11 es de 0,95 puntos porcentuales, mientras que en sanidad llega a 1,51 puntos porcentuales, resultados muy significativos al tratarse de dos partidas clave en el Estado de bienestar.

Pero el mayor diferencial se produce en las restantes prestaciones monetarias (ayudas familiares, ayudas a favor de la inclusión social, ayudas para vivienda), con un diferencial negativo de 3,01 puntos porcentuales. Es cierto que en ocasiones las comparaciones se ven desvirtuadas por las diferentes maneras de afrontar un problema por los distintos países, así las políticas públicas de apoyo a la maternidad pueden consistir en ayudas monetarias, reducciones de impuestos o gasto educativo (inversión en guarderías), con las correspondientes consecuencias en las estadísticas de ingresos y gastos públicos, pero cuando una partida muestra diferencias tan grandes entre España y los países de referencia, se pueden matizar las cifras, pero la conclusión es inapelable: el gasto público en prestaciones sociales distintas de las pensiones y de las prestaciones de desempleo es escandalosamente bajo en España.

 Cabe observar que las ayudas monetarias constituyen la forma más inmediata de actuar en favor de los colectivos que, según los indicadores sociales analizados en el estudio que estoy presentado en este blog, resultan más desfavorecidos: niños, desempleados – en especial los que no perciben la prestación por desempleo -, hogares monoparentales, familias con dos o más niños por debajo de los umbrales de pobreza monetaria, inmigrantes.

Por tanto, la forma de afrontar la atención de estos colectivos constituye el principal déficit en las políticas públicas de nuestro país en comparación con lo que sucede en los países más avanzados y debería constituir la principal prioridad nacional en lo social. Además, buena parte de estos colectivos han empeorado notablemente su situación con la crisis y, en ocasiones, padecen también una especial prima española al encontrarse en peor situación relativa que sus iguales en otros países de la Unión Europea (menores de edad, extranjeros, hogares con dos adultos y dos o más niños), lo que refuerza la necesidad de actuar.

En un escenario como éste parece imposible lograr la convergencia con los países más avanzados de la Unión Europea sin medidas directas, puesto que, aunque se redujesen drásticamente las prestaciones por desempleo, se recondujese el endeudamiento con caída de los intereses de la deuda y se mejorase la calidad, eficacia y eficiencia del gasto público, lo que permitiría incrementar las ayudas monetarias, el diferencial en el gasto social con los países del G11 es demasiado amplio como para acercarnos a sus estándares sociales sin medidas adicionales, lo que pasa por incrementar cuanto antes nuestro gasto público en prestaciones sociales distintas de las pensiones (inclusión social, familia y vivienda) para converger con los países más avanzados de Europa y España.

Por otra parte, en las proyecciones gubernamentales de evolución de ingresos y gastos sobre el PIB para los próximos años no se prevén aumentos, sino la reducción del gasto público y la contención de los ingresos como senda para la reducción del déficit. Así, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2017 – 2020 se prevé que en 2020 el gasto público español se sitúe en el 39,2% del PIB (por debajo del 42,2% que constata Eurostat en 2016) y los ingresos en el 38,7% (algo por encima del 37,7% que constata Eurostat para 2016). De hecho, el Ministerio de Economía prevé que en 2020 el gasto en sanidad y educación siga suponiendo un 6,2% y un 4,1%, respectivamente, del PIB, ligeramente por encima de las cifras de 2016, por lo que, en realidad, no existe ninguna previsión de incremento significativo del gasto sobre el PIB en políticas tan esenciales como las citadas.

La decisión sobre el nivel óptimo de gasto público que precisa un país es eminentemente política y es lógico (y deseable) que existan posiciones divergentes, pero, aun así, es importante conocer dónde están los principales diferenciales de nuestro país respecto de los países de referencia y, a partir de ahí, que cada cual saque sus propias conclusiones.

A mi juicio, como decía antes, es imposible alcanzar el nivel de vida y los estándares sociales de estos países y reducir nuestra desigualdad de rentas para alcanzar su grado de cohesión social, sin incrementar el gasto público sobre el PIB en determinadas partidas, lo que ha de ser compatible, como decía antes, con mejoras regulatorias y en la calidad, eficacia y eficiencia del gasto público.

 Pero, claro, no es posible incrementar los gastos sin aumentar también los ingresos – pronto hablaremos de ello – y ello sin renunciar a reconducir el déficit y el endeudamiento público, puesto que de otro modo no resulta posible financiarse en un mercado global cada vez más competitivo.

En cualquier caso, hay que reconocer que también dentro de los países más avanzados de Europa existen diferentes modelos de bienestar. Como puede observarse en el cuadro siguiente, el gasto social sobre el PIB en 2016 representó un 26,8% en España frente a un 32% de media ponderada del G11, un 30,9% de media en la Unión Europea y un 31,7% de media en la Eurozona.  También podemos ver los datos de los países del G11, ordenados en función del peso de su gasto social sobre el PIB.

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Las diferencias entre países son grandes. Si simplificamos al máximo, los modelos sociales europeos, por lo que se refiere a los países más avanzados, se pueden reducir a dos.

En primer lugar, hay un grupo de países que superan con creces la media europea: Dinamarca y Finlandia, con un 38,9% de gasto social sobre el PIB, Francia con el 37,9% y, algo por detrás, Austria con el 34,5%, Suecia con el 34,1% y Bélgica con el 33,8%.

En segundo lugar, existen un grupo de países cuyo gasto social sobre el PIB se sitúa por debajo de la media, en el que se incluye Alemania con el 30,7%, Holanda con el 29,2%, Reino Unido con el 28,1% y Luxemburgo con el 27,8%. Irlanda queda descolgada con el 18,4%, pero en el caso irlandés existen diferencias en su estructura económica (volumen muy elevado de las rentas percibidas por no residentes, especialmente por empresas multinacionales), con claro impacto en su PIB y que explican la amplitud del diferencial y desvirtúan cualquier tipo de comparación con otros países que se pretenda mínimamente homogénea.

Dejando Irlanda al margen de la comparativa, como puede verse, es Luxemburgo, un país que por tamaño y estructura económica poco comparable a España, el Estado con un porcentaje más próximo al nuestro, siendo el diferencial de un solo punto porcentual, lo que quiere decir que, para alcanzar su porcentaje de gasto cial sobre el PIB, nuestro gasto social debería crecer en 11.000 millones. Y con el Reino Unido, el diferencial asciende a 1,3 puntos, lo que representa unos 14.000 millones, pero creo que el modelo anglosajón no acaba de responder a las preferencias de los ciudadanos españoles, más allá de deseo ilusorio de muchos de disfrutar de los mejores servicios públicos con impuestos muy bajos.

El diferencial con Holanda y Alemania es de 2,4 y 2,9 puntos, respectivamente, lo que significa más de 25.000 y 30.000 millones de euros en uno y otro caso, distancia muy amplia y difícil de salvar en poco tiempo, pero quizá el referente más claro que tenemos para establecer objetivos de convergencia, siempre que exista consenso social para ello.

Por otra parte, el gasto en pensiones probablemente sea considerado una línea roja para la mayoría de españoles, y los países que se encuentran más próximos a España (Holanda, Reino Unido y Luxemburgo) dedican menor gasto sobre el PIB a esta partida, esto hace que la distancia con ellos, en realidad sea mayor, si queremos preservar nuestro sistema de pensiones sin grandes cambios. No sucede así con Alemania, puesto que su gasto en pensiones sobre el PIB es algo superior al español.

Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que estamos tremendamente lejos de alcanzar el nivel de gasto público (y de ingresos) de los países nórdicos o Francia, Bélgica y Austria, ni siquiera en una generación. Baste decir que, si tomamos como referencia a Bélgica, que es el país que presenta el porcentaje más bajo en ese grupo de Estados, la distancia es de 7 puntos porcentuales, es decir, más de 70.000 millones de euros.

No obstante, lo importante, es disponer de una hoja de ruta y referencias internacionales que, con todas las salvedades, nos permitan establecer objetivos de convergencia razonables, considerando no solo el nivel de gasto público que entendamos deseable de acuerdo con las preferencias sociales, sino también qué deberíamos hacer con los ingresos públicos para financiar el nivel de gasto que deseamos.

En próximas entradas trataremos de ver si existe margen en los impuestos para fijar objetivos de convergencia con los países más avanzados, puesto que no se puede incrementar el gasto público sin tener capacidad para financiarlo.

Sin olvidarnos de que de vez en cuando hay que abrir el angular y utilizar utopías y distopías fiscales para hacer volar la imaginación y conjeturar cómo puede ser el sistema fiscal del futuro, en especial si lo construimos sin solucionar nuestras debilidades presentes.