23 de febrero de 2017. Jesús Gascón Catalán
Hace dos semanas vimos que los indicadores que miden la desigualdad y la pobreza en España han evolucionado negativamente con la crisis. Además, la respuesta de los indicadores al crecimiento económico está siendo claramente insuficiente y nos encontramos lejos de volver a la situación anterior a la crisis y todavía a mayor distancia que entonces de los países más avanzados de la Unión Europea.
Para facilitar las comparaciones, he definido un grupo de países, al que llamo G11, formado por los países de la Unión Europea que nos superan, simultáneamente, en renta per cápita en paridad de compra, en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y en el Índice Better Life de la OCDE. Son Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda.
Veamos lo que sucede con un indicador que me parece especialmente significativo: el porcentaje de la población que vive con una renta inferior al 40% de la renta mediana del país. Este umbral se situaba en España en 5.472 euros anuales en 2016 para una persona que viviera sola. Podemos llamar a este indicador, para diferenciarlo de otros, como indicador de pobreza monetaria severa.
El cuadro siguiente nos muestra la comparativa en el indicador con la Eurozona y el G11 en 2007, es decir, antes de la crisis, y en 2015 y 2016, los dos últimos años con información disponible:
En primer lugar, en el cuadro vemos que el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria severa en España alcanzaba el 11,2% en 2015 y el 10,7% en 2016. Nuestro diferencial con la Eurozona en 2016 es claro, ya que en 2016 su porcentaje se sitúa en el 6,3%, pero es todavía mucho mayor la diferencia con los países del G11, cuya media ponderada se sitúa en el 4,35%, en un intervalo que se extiende desde el 2,2% de Finlandia al 5,6% de Reino Unido, representando la mediana Dinamarca con el 4%. Por tanto, podemos decir que existe una prima de riesgo española en este indicador del 145,98%, lo que significa que un ciudadano español tiene casi 2,5 veces más probabilidades que un ciudadano de los países más avanzados de la Unión Europea de encontrarse en situación de pobreza monetaria severa atendiendo al diferencial negativo de su renta respecto de la renta mediana de su país.
Obviamente, la crisis ha contribuido al agravamiento de la situación, porque en 2007 el porcentaje de población en situación de pobreza severa en España era del 8%. Por tanto, el incremento entre dicho año y 2016 es de 2,7 puntos porcentuales, lo que representa un aumento del 33,75%. Obsérvese que la media del G11 prácticamente no ha variado: del 4,29% en 2007 se ha pasado al 4,35% en 2016.
Sin embargo, aun reconociendo el impacto negativo de la crisis, no puede dejarse de lado la constatación de que en 2007 nuestro diferencial con el G11 ya era muy elevado (8% frente a 4,29%), diferencial que determinaba una prima de riesgo del 86,48% que, si bien era claramente inferior a la prima de riesgo actual, pone de manifiesto la existencia de un problema estructural en España con las rentas más bajas no achacable exclusivamente a la crisis y sus secuelas.
Cabe recordar que, aunque estemos hablando de pobreza monetaria, es decir, calculada estadísticamente, no hay muchas dudas de que una persona se encuentra en situación de pobreza, sin adjetivos ni matices, cuando dispone de una renta inferior al 40% de la renta mediana, 5.472 euros anuales en 2016 para un adulto que viva solo y 11.491,2 euros para un hogar formado por una pareja con dos hijos menores de 14 años (ya que en tal caso, el miembro del hogar de mayor renta se computa como uno, el otro adulto como 0,5 y los menores como 0,3 cada uno de ellos, siendo 11.4891,2 el resultado de multiplicar 5.472 por 2,1). Y en España se encontraban en esta situación de pobreza monetaria severa 4.917.000 personas en 2016, claramente por encima de las 3.550.000 personas afectadas en 2007. De ellos, 941.000 eran menores de 18 años en 2007 y 1.329.000 los son en 2016.
Veamos la prima de riesgo española respecto del G11 en otros indicadores sociales:
Como se observa en el gráfico anterior, en 2016 un ciudadano español tenía un 42,06% más de probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social que un ciudadano de los 11 países más avanzados de la Unión Europea atendiendo al indicador AROPE.
Como acabamos de ver, la prima de riesgo de riesgo española se eleva al 145,98% si consideramos a los ciudadanos cuyas rentas se sitúan por debajo del 40% de la mediana.
Cuando se analiza el indicador de privaciones y carencias materiales severas (imposibilidad de hacer frente a imprevistos, de tomarse vacaciones, de nutrición adecuada, etc.), la prima de riesgo española se sitúa en el 41,8%, elevada, pero muy inferior a la anterior, probablemente debido a las redes familiares y sociales que continúan jugando un importante papel en países como el nuestro.
No obstante, la prima de riesgo sube al 72,9% cuando se analiza el indicador de pobreza persistente, es decir, las personas que ya se encontraban en la misma situación de riesgo de pobreza y exclusión social, al menos, en dos de los tres años inmediatamente anteriores. Y de nuevo, la prima se dispara, en este caso, nada menos que hasta el 414,85%, cuando el análisis se refiere a la pobreza severa persistente tomando como referencia el 40% de la renta mediana. Ello quiere decir que el porcentaje español multiplica por 5 el de los principales países de Europa.
También es alta la prima de riesgo en el caso del indicador de pobreza monetaria anclada (utilizando como umbral el 60% de la mediana en 2008) ya que alcanza el 103,77%.
Por último, en el indicador de trabajadores pobres la prima de riesgo española llega al 62,94%.
Como decía al principio, estamos muy lejos de converger con los países de referencia porque la brecha se ha agrandado claramente desde 2007. Veamos cuál ha sido la evolución de la prima de riesgo española en los 4 indicadores respecto de los que existen datos comparables en 2007.
Efectivamente, en el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), la prima de riesgo respecto de los países del G11 pasa del 16,73% al 42,06%, lo que permite constatar que el escenario post-crisis nos ha dejado en peor situación que la existente en 2007.
También ha experimentado, como decíamos antes, una fuerte subida la prima de riesgo en el indicador de pobreza monetaria severa, basado en el 40% de la renta mediana, que pasa de un significativo 86,48% en 2007 a un muy elevado 145,98% en 2016.
De igual forma, es significativa la evolución de la prima de riesgo en el indicador de privaciones y carencias materiales severas, puesto que la prima era negativa en 2007 (-18,22%) para convertirse en positiva y situarse en el 41,81% en 2016, lo que quiere decir que un ciudadano español, a pesar del problema de rentas bajas que se acaba de constatar, tenía antes de la crisis menos probabilidades de padecer este tipo de privaciones y carencias que un ciudadano de los países más ricos de la Unión Europea, lo que ya no sucede en 2016, puesto que en dicho año sus probabilidades eran un 41,81% mayores que las de los ciudadanos de los países de referencia.
El indicador en el que la prima de riesgo ha aumentado en menor medida es el de trabajadores pobres que pasa del 49,78% en 2007 al 62,94% en 2016, pero ya en 2007 la prima era elevada.
También ha aumentado entre 2007 y 2016 el diferencial de España con los países del G11 en desigualdad de ingresos.
Como puede observarse en el gráfico anterior, España era un 9,58% más desigual que los países del G11 en 2007 si atendemos al Índice de Gini de renta disponible, habiéndose elevado el diferencial al 17,42% en 2016. Cuando el análisis se realiza con el Índice S80/S20 el diferencial pasa del 21,68% en 2007 al 46,34% en 2016.
En el estudio del que extraigo la información (ver enlace en el post de inauguración del blog) analizo en detalle todos estos indicadores viendo qué perfiles de ciudadanos presentan los peores porcentajes y las primas de riesgo más elevadas respecto de las personas en la misma situación en los países del G11.
Una última reflexión por hoy. A pesar de que la desigualdad y la pobreza reciben cada vez más atención pública, sorprende la escasa atención que se presta a un compromiso expresamente asumido al respecto por España.
En la estrategia 2020 de la Unión Europea se fija como objetivo para España que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se reduzca en 1.400.000 personas en el período 2010-2019. El problema es que de 10.786.000 personas en riesgo en 2008 pasamos a 13.402.000 personas en 2014 y el descenso experimentado en los últimos años es notoriamente insuficiente para cumplir el objetivo, puesto que en 2016 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión se situaba todavía en 12.870.000.
Es cierto que este indicador mide, en buena medida, la pobreza relativa, definida en comparación con la mediana del país, por lo que más bien es un indicador de desigualdad, pero responde a un compromiso asumido por España y no es de recibo su falta de seguimiento.
Contar con un diagnóstico adecuado y tener claras las prioridades como país es el primer paso para resolver los problemas. Y ello implica hablar de predistribución y redistribución. No sirve el copiar y pegar en términos internacionales, pero no está demás conocer cuáles son nuestros principales diferenciales en las políticas de ingresos y gasto público con los países de referencia, sin olvidarnos que no solo es un problema de volumen sino también de calidad y eficiencia de la intervención pública.
Por cierto, el día 27 de febrero participaré en una mesa redonda en el IEF para hablar de justicia tributaria y la reducción de la desigualdad con Pedro Herrera y Jesús Rodríguez Márquez, con Cristina García-Herrera de moderadora. Este es el enlace al programa del VI Encuentro de Derecho Financiero y Tributario del que forma parte la mesa redonda:
Haz clic para acceder a 2018_ProgVIDerechoFinancieroyTributario.pdf
Agradecido por la atención.
jesusgasconcatalan 