DISTOPÍA FISCAL

16 de marzo de 2018. Jesús Gascón Catalán.

Algunos estudios presentan perspectivas catastróficas para el empleo. Frey y Osborne estiman que en torno al 40% de los puestos de trabajos pueden ser digitalizados en Europa en 20 años. Otros estudios, aunque también inquietantes, suavizan los datos: según Arntz, en el caso español, el 12% de los trabajos corren riesgo alto de desaparecer.

También hay visiones optimistas, no en vano los países más robotizados, como Corea del Sur, presentan una tasa de desempleo muy baja. Randstad estima que en nuestro país se pueden crear 1.250.000 empleos netos en cinco años gracias al impacto tecnológico.

Confiemos en que así sea. En cualquier caso, es de suponer que habrá un efecto sustitución de determinado tipo de puestos de trabajo por otros y que los empleos rutinarios irán desapareciendo. No es algo nuevo, la OIT calcula que los empleos rutinarios cayeron entre 2000 y 2013 un 5% en todo el mundo, mientras que los no rutinarios aumentaron: un 4% los de tipo cognitivo y un 1% los no cognitivos.

Por otra parte, la aportación de las remuneraciones de asalariados al PIB español se ha reducido en 3,6 puntos porcentuales desde 2009. Ha sido un período duro, puesto que la crisis y sus secuelas han disparado el desempleo y ocasionado una devaluación salarial, pero cada vez más voces alertan de la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la economía como tendencia generalizada. Y todo esto en España con un sistema tributario “especializado” en gravar el factor trabajo.

¿Qué pasará? Decía Stephen Hawking que no se puede viajar en el tiempo y la prueba definitiva para él era que no estamos invadidos por turistas del futuro. Y hacer predicciones es muy difícil, “sobre todo cuando se trata del futuro” (Niels Bohr), así que habrá que usar la imaginación.

……………………..

DISTOPÍA FISCAL

Doc 1-000

Bronca fiscal en España

La organización no gubernamental SARAH presenta la iniciativa legislativa popular CONNOR para aumentar la tributación de las empresas más robotizadas. La patronal ESCAINET critica duramente la propuesta

Crónica de Stella Dereva para Daily Planet

La organización no gubernamental SARAH (Sociedad Abierta para la Reactivación de la Actividad Humana) ha presentado en Zaragoza, ciudad sede del Parlamento español, una polémica iniciativa legislativa popular para incrementar la tributación de las empresas más robotizadas.

La iniciativa, denominada CONNOR, ha sido apoyada por millones de firmas. CONNOR significa Contribución Obligatoria Nacional Niveladora de Otras Rentas. De forma resumida, consiste en establecer una tributación mínima obligatoria para las empresas que en las últimas décadas han sustituido mano de obra por robots o sistemas de inteligencia artificial, lo que ha provocado que su contribución directa e indirecta al sostenimiento de las finanzas públicas se haya reducido de manera significativa.

Esta es la redacción de la propuesta:

“La cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sometidas al impuesto en cada uno de los ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, sumada a la cuota líquida del IRPF satisfecha en el mismo ejercicio por sus accionistas por los dividendos percibidos de la entidad, no podrá ser inferior a la suma de los siguientes conceptos:

  • La cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades satisfecho por la entidad en el ejercicio 2017, a la que se sumará la cuota del IRPF satisfecha en dicho ejercicio por sus accionistas por los dividendos percibidos de la entidad.
  • Las cotizaciones sociales a cargo del empleador y del empleado satisfechas en 2017 en relación con los que eran sus trabajadores en aquel ejercicio. De este importe, se restarán las cotizaciones de uno y otro tipo satisfechas por la entidad en el ejercicio actual en relación con su plantilla de trabajadores, sin que el resultado pueda ser negativo.
  • La cuota líquida del IRPF satisfecha en el ejercicio 2017 por los trabajadores en plantilla de la entidad en aquel ejercicio en concepto de rendimientos del trabajo percibidos de la misma. De este importe, se restarán las cuotas líquidas del IRPF satisfechas en el ejercicio actual por su plantilla de trabajadores por los rendimientos percibidos de la entidad, sin que el resultado pueda ser negativo.

Los importes correspondientes a 2017 se actualizarán a valores actuales aplicando el deflactor del PIB de cada año.

Para facilitar la aplicación del precepto, antes de la finalización del período de declaración de cada ejercicio, la Agencia Integrada de Administración Tributaria proporcionará a las entidades sujetas al impuesto certificación de los datos anteriores junto con el correspondiente borrador de declaración.

Cuando la entidad haya sido creada con posterioridad a 2017 o su volumen de operaciones entonces fuese notoriamente inferior al actual, la Agencia Tributaria estimará el valor promedio que procederá aplicar en cada caso atendiendo el sector de actividad, cifra de negocios y demás datos objetivos disponibles sobre cada entidad. Estos valores deberán ser utilizados necesariamente por la entidad para determinar el impuesto a pagar, sin que sean susceptibles de impugnación, todo ello sin perjuicio del derecho a impugnar la autoliquidación una vez presentada. En el caso de accionistas no residentes, en la certificación de los importes se tomará como referencia la tributación media en España de los dividendos percibidos por los residentes.”

Aunque la norma es compleja, Zacarías de la Rocha, activista de SARAH, explica que su filosofía es muy simple. En 2017, una empresa con 10 trabajadores ingresaba en Hacienda, no solo el impuesto sobre sus beneficios, sino también las cotizaciones sociales y las retenciones de sus trabajadores. Con la automatización de los puestos de trabajo, esos empleos se han perdido y, con ellos, los ingresos tributarios que generaban. “Las empresas ganan más que nunca porque han reducido sus costes, ¿tiene sentido que paguen menos impuestos que en 2017?”, se pregunta.

José Ángel Suzo, portavoz de ESCAINET (Empresas de Sectores Cibernéticos, Automatizados e Informatizados), patronal que forma parte de Business World, la organización empresarial mundial, se indigna al conocer estas palabras: “Es una locura. Se confunden los impuestos que gravan los beneficios de las empresas con las cotizaciones sociales establecidas para sostener el sistema de pensiones y el impuesto personal que grava el trabajo asalariado. Cuando los beneficios aumentan, las empresas pagan más por ellos en su Impuesto sobre Sociedades, no son necesarios impuestos adicionales”. A juicio de Suzo, la crisis fiscal no se puede combatir penalizando a las empresas, y menos a las más innovadoras. “Siempre terminan pagando los mismos, es ridículo decir que las empresas no contribuyen lo suficiente. Y lo dicen ahora que acabamos de ingresar el primer pago fraccionado. Les recuerdo que desde el último Decreto-ley estamos anticipando los pagos fraccionados de los 3 años siguientes.”

Para SARAH, la anticipación de los pagos fraccionados es solo un parche, no se trata de anticipar impuestos, sino de resolver el problema de fondo. “¿Cuál es la alternativa, volver a subir el IVA?”, nos dice de la Rocha.

En España el tipo único del IVA es el 30%, pero el impuesto se aplica en la modalidad de IVA personalizado, a mitad de camino entre el clásico IVA y las propuestas académicas de Kaldor en el siglo pasado para establecer un impuesto personal sobre el gasto, explica Juan C. Sesgos, experto fiscalista. “En España todo el mundo paga un IVA del 30% en sus consumos, pero, después, la Agencia Tributaria, en función de tus ingresos, te devuelve una parte del impuesto pagado, eso sí, debe tratarse de pagos realizados mediante medios que hayan permitido acreditar la identidad del consumidor, tales como el reconocimiento del iris del ojo u otros sistemas de autentificación biométrica similares”.

No obstante, el IVA personalizado tiene ciertas sombras: solo los perceptores de la renta mínima obtienen la devolución total y muchos ciudadanos reciben devoluciones puramente testimoniales. “Hay poca información”, se lamenta Sesgos, “parece claro que a partir de la renta mediana prácticamente no se efectúan reembolsos y la mediana es muy baja debido a la generalización del desempleo, las rentas mínimas y los mini jobs. Hace falta mucha más transparencia sobre este punto. Además, el 50% de los importes devueltos se ingresan en cuentas nocionales indisponibles creadas por el Estado para complementar la jubilación de los perceptores. En cualquier caso, con un tipo del 30%, no parece que haya margen para subir más el impuesto”.

Por este motivo, de la Rocha descarta el IVA como fórmula para resolver la crisis fiscal. “En SARAH proponemos gravar más las rentas del capital, que siguen tributando igual que en 2017, ese es el propósito de CONNOR”, nos resume.

En ESCAINET la visión es opuesta. Suzo nos explica que la organización empresarial está dispuesta a dar la batalla en todos los frentes. Confiamos en que el Parlamento rechazará la iniciativa porque va contra los intereses nacionales, que pasan por fomentar el ahorro y la inversión, no por penalizarlos. Además, la propuesta es inconstitucional, puesto que atenta contra el principio de capacidad económica. “¿Cómo es posible que la situación económica de una empresa hace 20 años se utilice como indicador de la capacidad económica actual?, se pregunta en voz alta. “Supongamos que una empresa tenía en 2017 un beneficio de 200.000 obtenido a partir de una cifra de negocios de un millón y con unos costes laborales de 500.000. Supongamos, a partir de esos datos, que la empresa ingresaba 100.000 por cotizaciones sociales y sus trabajadores pagaban 100.000 en concepto de IRPF. Con la iniciativa CONNOR, si su beneficio continuase siendo de 200.000, tendría que dedicar todo su beneficio a pagar las 200.000 que antes se ingresaban en concepto de cotizaciones sociales e IRPF de los trabajadores. ¡Y eso suponiendo que la empresa tenga beneficios! Es confiscatorio,” concluye.

A los impulsores de CONNOR el ejemplo les hace reír. “O sea que el beneficio sigue siendo el mismo después de habar eliminado todos los costes laborales,” ironiza Zacarías de la Rocha. “En el ejemplo que plantea Escainet, se oculta que el beneficio empresarial,  una vez eliminados los costes laborales, será de 700.000, dejémoslo en 500.000 considerando que la tecnología ha podido aumentar sus costes de mantenimiento, pues bien, con un tipo del 25%, eso significa que la empresa pagará 125.000 euros en concepto de Impuesto sobre Sociedades, mientras que los dividendos, gravados a un tipo del 23%, proporcionarán una recaudación en el IRPF de 115.000, en total 240.000 euros. Siguiendo con el ejemplo, en esa empresa en 2017 se recaudaban 100.000 por cotizaciones sociales, 100.000 por IRPF de los trabajadores, 50.000 por el Impuesto sobre Sociedades (aplicando el tipo del 25% a los 200.000 euros de beneficios) y 46.000 por el IRPF de los socios (el 23% de 200.000). Todo ello suma, 296.000. Eso es lo que deberían pagar acumuladamente la empresa y sus accionistas, 56.000 más de las 240.000 que pagan.”

“Es demencial”, se indigna Suzo, “¡calculan un margen de beneficio del 50%! ¿Quién se lo puede creer?” Por otra parte, el portavoz de la patronal ESCAINET llama la atención sobre el hecho de que pagar 296.000 sobre un beneficio de 500.000 en un año sin distribución de dividendos supondría aplicar un tipo efectivo del 59,2%, multiplicando por 2,4 el tipo actual. Además, con estas cifras, toda empresa con un margen de beneficio inferior al 30% tendría que dedicar todo sus beneficios a pagar el impuesto. “Es absolutamente confiscatorio, y mucho más en los casos en que no haya beneficios”, remacha.

El fiscalista Juan C. Sesgos considera que la iniciativa popular es mejorable y suscita numerosas dudas, puesto que no queda claro qué sucede con las empresas en pérdidas o los años sin distribución de dividendos, qué pasa con los accionistas personas jurídicas o qué se entiende por volumen de operaciones notoriamente inferior al actual. “La norma, en su redacción actual, crea inseguridad jurídica, pero no mucho más que cualquiera de las normas tributarias aprobadas en los últimos 50 años”, apunta con cierta ironía.

Este experto considera que el problema de la confiscatoriedad se puede solucionar, como han hecho otros países, con la llamada enmienda Harrison. Se trata de un escudo fiscal que establece un límite máximo a la tributación en la imposición directa y que toma su nombre de George Harrison, que compuso para los Beatles la canción Taxman, en la cual se alude a los desmesurados impuestos de la época: “it´s one for you nineteen for me”, dice el recaudador de impuestos protagonista del tema. Del “uno para ti, diecinueve para mí”, deriva el límite del 80% de tributación máxima establecido en la enmienda Harrison (en realidad, la proporción 1 / 19, daría para un tipo del 95%, pero a los promotores de la enmienda les pareció demasiado alto).

Por otra parte, incluso con un tipo tan elevado, Sesgos considera que no está claro cuál sería el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia si se planteara un recurso. Para el experto, desde la reforma constitucional y la fusión del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la doctrina del alto Tribunal sito en Sevilla ha evolucionado y la interpretación de los principios del artículo 31 de forma sistemática con la referencia que efectúa el artículo 40 a la promoción de una distribución de la renta más equitativa está permitiendo pasar el filtro de constitucionalidad a medidas tributarias que 20 o 30 años atrás se hubieran considerado impensables.

En cualquier caso, Escainet aporta un argumento adicional en su oposición a la iniciativa CONNOR: no puede ser a aplicada a las grandes empresas transnacionales, puesto que, desde la entrada en vigor de los acuerdos alcanzados en la cumbre de Palo Alto entre el G-30 y el directorio mundial de grandes empresas, los beneficios de éstas solo pueden ser gravados mediante el sistema de Evaluación Global Mundial. Este sistema, inspirado en la Evaluación global aplicada en España a mediados del siglo pasado, consiste en la determinación, a partir de datos objetivos, por una Comisión paritaria de expertos formada por miembros de los países integrantes del G-30 y de las empresas, del monto total a pagar a nivel mundial por las grandes empresas de cada sector, monto cuyo pago las empresas se distribuyen entre sí según sus propias reglas y cuya recaudación total es atribuida a los países de acuerdo con los criterios de reparto que establece el propio G-30.

ESCAINET considera que no se puede admitir que la tributación efectiva de los grandes grupos transnacionales sea inferior a la que soportan las empresas locales. SARAH, por una vez, está de acuerdo, pero, para esta ONG, la solución no es igualar por abajo sino aumentar el gravamen de todas las rentas empresariales.

Como explica Juan C. Sesgos, tras el fracaso en las décadas pasadas de todos los intentos para establecer impuestos realmente efectivos para gravar a los gigantes digitales, el G-30 optó por negociar una solución con ellos, decisión absolutamente criticable desde el punto de vista democrático, jurídico y fiscal, pero efectiva. “No nos rasguemos las vestiduras. Al fin y al cabo, ¿qué legitimidad democrática tiene el propio G-30 para decidir en nombre de la humanidad y llevamos aceptando desde hace medio siglo que así sea?”, argumenta. Para este experto, el problema no es tanto el sistema de Evaluación Global Mundial, aun siendo decimonónico, sino la forma en la que se calcula el monto global a pagar por cada sector, cómo se distribuye dicho monto entre las empresas y la determinación de la cuota que se asigna a cada país, el tantas veces criticado CUPO (Calculations Using Percentages On-Line), respecto del que la opacidad es absoluta. “A veces a las propias empresas y países miembros del G-30 se les escapa la expresión “negociar el CUPO”, cuando realmente las cifras deberían ser el resultado de aplicar una metodología de cálculo clara y transparente”.

Tiempos revueltos en la fiscalidad en España. Sin embargo, a pesar de la polémica, el Gobierno español, formado por una amplia y frágil coalición de partidos de muy diferente adscripción ideológica, ha declinado cualquier comentario sobre la iniciativa CONNOR probablemente para no abrir nuevos frentes internos que comprometan la incierta legislatura.

…………………

Termino con otra cita del físico danés Niels Bohr: “Su teoría es disparatada, pero no lo suficientemente disparatada para ser verdad.” ¿O tal vez sí?

Continuará.

Impacto de las pensiones y otras transferencias dinerarias en la reducción de la pobreza monetaria y la desigualdad

10 de marzo de 2017. Jesús Gascón Catalán

Vista la existencia de una prima de riesgo social en España respecto de los países más avanzados de la Unión Europea, veamos qué papel están jugando las transferencias dinerarias y, en especial, las pensiones, en la reducción del riesgo de pobreza y la desigualdad.

Comencemos por el impacto de las pensiones en la reducción de la pobreza monetaria, considerando en esa situación, de acuerdo con los criterios de Eurostat, el porcentaje de la población cuya renta se sitúa por debajo del 60% de la renta mediana.

V1-000

En primer lugar, en el cuadro anterior puede observarse que en 2016, si se toman únicamente en cuenta las rentas de mercado (sin incluirse entre dichas rentas las pensiones o cualquier otro tipo de ayudas públicas), el porcentaje total de población española en situación de pobreza monetaria se situaba en el 46,8% s Añadiendo las pensiones, el porcentaje bajaba 17,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 29,5%. El resto de las transferencias monetarias, entre otras las prestaciones por desempleo, conseguían reducir el porcentaje hasta el 22,3%. En 2015 los porcentajes eran similares: 47%, 30,1% y 22,1%.

Respecto de 2007 se aprecia un claro crecimiento de la pobreza monetaria derivada de las rentas de mercado, puesto que los porcentajes eran entonces, respectivamente, del 38,6%, 23,7% y 19,7%. Como puede verse, ya en 2007 la capacidad reductora de la pobreza de las pensiones era muy alta. Sin embargo, el impacto de otras transferencias públicas era inferior, debido esencialmente al menor peso en aquel año de las prestaciones por desempleo.

De forma gráfica, estos son los datos:

V2-000

A continuación, podemos ver el mismo análisis gráfico en relación con las situaciones de pobreza monetaria severa (rentas por debajo del 40% de la mediana) siendo el perfil similar:

V3-000

Volviendo al cuadro con el que abríamos este post, vemos que en el G11 (los países más avanzados de la UE) las diferencias entre 2007 y 2016 son mínimas: la pobreza monetaria “de mercado” pasa del 42,65% al 43,41%; si incluimos las pensiones, se pasa del 26,5% al 25,78%; y considerando todas las transferencias del 14,83% al 15,11%.

Además de haber superado la crisis con menores costes sociales que nosotros, en estos países las transferencias públicas dinerarias distintas de las pensiones consiguen una capacidad reductora de la pobreza monetaria (más de 10 puntos porcentuales tanto en 2007 como en 2016) superior a la lograda en España, porque solo nos acercamos a esos porcentajes cuando el desempleo se dispara y los subsidios a parados se incrementan, pero no en los años en los que el paro se mantiene en tasas reducidas. Así, en 2007 las prestaciones públicas dinerarias distintas de las pensiones solo reducían la pobreza monetaria en España en 4 puntos porcentuales, subiendo a 9 en 2014, 8 en 2015 y 7,2 en 2016, lo que permite observar que su capacidad reductora va disminuyendo en la medida en la que baja el paro y, en consecuencia, también los hacen las prestaciones por desempleo.

En términos de prima de riesgo española, en 2016 se observa que, por lo que se refiere a las rentas de mercado sin incluir pensiones y otras transferencias públicas, la prima es poco significativa (del 7,81%), subiendo si el análisis se efectúa incluyendo las pensiones (al 14,43%), pero sobre todo si se añaden las restantes ayudas públicas monetarias (llegando al 47,58%).

En 2016 esta es la representación gráfica de nuestras diferencias con el G11:

V4-000

Además, si tomamos como referencia el porcentaje de pobreza monetaria severa nuestro diferencial con el G11 se amplía de manera muy significativa, lo que subraya la necesidad de mejorar nuestras políticas sociales:

V5-000

Volviendo al cuadro, por tramos de edad, se observa que, cuando solo se tienen en cuenta las rentas de mercado, en España son los mayores de 65 años quienes presentan mayores porcentajes de pobreza monetaria, el 82,9% en 2015 y el 84,2% en 2016 (el 82,3% en 2007), muy por encima de la media nacional (47% en 2015 y el 46,8% en 2016). Por debajo de dicha media se sitúan tanto los menores de 18 años con el 39,7% en 2015 y el 38,5% en 2016, como el tramo de edad entre 18 y 65 años con el 39,7% y el 38,3%, respectivamente. Sin embargo, frente al ligero cambio que experimenta entre 2007 y 2016 el porcentaje de los mayores de 65 años (que pasa del 82,3% en 2007 al 84,2% en 2016), en el caso de los menores de 18 y en el tramo entre 18 y 65 años la variación es más acusada y desfavorable, puesto que los porcentajes en 2007 eran el 33,2% y el 29,4%, respectivamente, frente al 38,3% y el 38,5% que alcanzan en cada caso en 2016.

Al incluir las pensiones en el análisis, el porcentaje de los mayores de 65 años cae por debajo de la media situándose en el 15,7% en 2015 y el 16,5% en 2016, con un claro descenso desde el 28,7% de 2007, más por empeoramiento del nivel de rentas del resto de ciudadanos que por mejoras en términos absolutos de los mayores de 65 años. Cabe observar que en 2016 la reducción propiciada por las pensiones hace caer el porcentaje de riesgo desde el 84,2% que observábamos al tener en cuenta únicamente las rentas de mercado al 16,5%. Para el tramo de menores de edad y el tramo intermedio de edad, el porcentaje de pobreza monetaria de mercado en 2016 se sitúa, respectivamente, en el 38,3% y 38,5%, reduciéndose por las pensiones al 36% y el 31,5%. Por tanto, el efecto reductor de la pobreza que producen las pensiones, como es lógico, beneficia esencialmente a los mayores de 65 años, pero también, en menor medida (sobre todo en el caso de los más jóvenes), a otras personas que no las perciben directamente en la medida en que vivan en un hogar del que forme parte también un pensionista.

Por otra parte, el porcentaje de pobreza monetaria, incluyendo las pensiones, para los menores de 18 años, pasa del 30,5% en 2007 al 37,5% en 2015 y el 36% en 2016. Para el tramo de edad entre 18 y 65 años se pasa del 20,7% en 2007 al 32,1% en 2015 y el 31,4% en 2016.

Esta es la representación gráfica de las diferencias en 2016 entre los mayores de 65 años y los menores de 18 años:

V6-000

Tomando como referencia la pobreza monetaria severa el perfil es similar:

V7-000

En el G11 en 2016 el porcentaje de pobreza monetaria de mercado para los mayores de 65 años es del 90,80% descendiendo al 17,99% si se consideran las pensiones. Para los demás tramos de renta, como sucede también en el caso español, la reducción es mucho más modesta, en especial para los menores de 18 años se pasa del 35,21% al 34,25%, y algo más intensa para el tramo entre 18 y 65 años, que pasa del 31,53% al 25,27%.

En términos de prima de riesgo española, los mayores de 65 años presentan una prima negativa (menos riesgo de pobreza monetaria) frente a los mayores de 65 años de los países del G11 tanto si consideramos únicamente las rentas de mercado como si incluimos las pensiones (-7,27% y -8,28%). Para los menores de 18 años las primas de riesgo son poco significativas, del 8,78% y del 5,11%, respectivamente, subiendo algo más para el tramo de edad entre 18 y 65 años, hasta situarse en el 22,11% y el 24,25%, respectivamente. El problema estriba, como veíamos antes, en que en el momento en el que se incluyen otras ayudas dinerarias públicas distintas de las pensiones la prima de riesgo española se dispara hasta el 47,58% y la prima se multiplica por 3 en el caso de la pobreza monetaria severa.

Visto el impacto de las prestaciones monetarias en la tasa pobreza monetaria, veamos ahora cuál es su efecto en el Índice de Gini.

V8-000

Como podemos ver en el cuadro, en 2016 las pensiones reducen la desigualdad de rentas de mercado en un 22,88% (del 0,507 al 0,391) en nuestro país. En 2015 la reducción era de un 22,44% (un 21,64% en 2014). El G11, partiendo de una desigualdad de mercado ligeramente superior consigue una reducción algo mayor en 2016 del 30,83% (pasando del 52,67 al 36,43).

Además, la evolución en nuestro país es negativa, ya que el impacto positivo de las pensiones en la reducción de la desigualdad en España era de un 24,89% en 2007, por encima del logrado en 2014, 2015 o 2016. En el G11 en 2007 el impacto reductor era de un 27,87%, menor que en 2016 (30,83%). Por tanto, de un diferencial negativo con el G11 de 3 puntos porcentuales en 2007 en capacidad reductora de la desigualdad hemos pasado a un diferencial negativo de más de 7 puntos porcentuales en 2016. En consecuencia, con la crisis, en el G11 las pensiones han pasado a corregir en mayor medida que antes la desigualdad de rentas mientras que en España ha sucedido lo contrario.

Por lo que se refiere a las restantes transferencias monetarias públicas, su efecto reductor de la desigualdad de rentas, pensiones incluidas, se sitúa en 2016 en España en el 11,76% (era el 13,03% en 2014 y el 12,18% en 2015), muy lejos del 19,99% logrado por el G11 en 2016. En este caso la evolución de España ha sido positiva puesto que en 2007 tan solo se lograba una reducción del 6,45%, aproximadamente la mitad que en 2014, 2015 y 2016, mientras que en el G11 la evolución ha sido ligeramente negativa ya que en 2007 la reducción era del 20,12%. Por tanto, el efecto reductor de la desigualdad de rentas en España de las transferencias monetarias públicas distintas de las pensiones es inferior al que se logra en el G11, aunque el diferencial se ha reducido con la crisis. No obstante, esta reducción se debe, más que a políticas discrecionales, al crecimiento de las prestaciones por desempleo a causa del incremento del paro.

Considerando acumuladamente las pensiones y el resto de transferencias monetarias públicas, su impacto reductor de la desigualdad de rentas de mercado en España es del 31,5% en 2016 (era el 31,83% en 2014 y el 31,89% en 2015), muy lejos del 44,22% que logra el G11 en 2016. En 2007 en España el impacto era del 29,74%, por lo que se ha conseguido una cierta mejora (de casi 2 puntos porcentuales), lo que ha permitido mantener el diferencial con el G11, ya que este grupo de países también ha experimentado un crecimiento porcentual similar (de casi dos puntos desde el 42,38% de 2007 al 44,22% de 2016). Todo ello debido, en buena parte, como decíamos en el párrafo anterior, al juego de estabilizadores automáticos, como las prestaciones por desempleo, y no tanto a políticas públicas discrecionales.

Por tanto, al margen de las pensiones y los subsidios por desempleo, tenemos una clara brecha respecto de los países más avanzados de la Unión Europea en nuestras políticas de reducción de la desigualdad de rentas, aunque nuestro punto de partida, entendiendo por tal nuestra desigualdad de rentas de mercado, no es negativo en comparación con los países de referencia.

De forma gráfica, la capacidad reductora de la pobreza en España de las pensiones y del resto de transferencias monetarias en 2007 y 2016 es la siguiente:

V9-000

En comparación con el G11 se observa que el efecto reductor es menor:

V10-000

En conclusión, la desigualdad de mercado ha aumentado en España con la crisis y sus secuelas y, además, en nuestro país las políticas públicas, en especial las ayudas monetarias, por su volumen y efectividad, no son tan eficaces como en los países más avanzados. Y lo mismo sucede con la reducción de la pobreza monetaria.

Hay que buscar soluciones, seguiremos con ello.

 

 

La prima de riesgo social: ¿qué colectivos se encuentran en peor situación?

2 de marzo de 2018. Jesús Gascón Catalán

Continuando con el análisis de los indicadores sociales, el gráfico siguiente nos permite ver qué perfiles ciudadanos presentaban en España porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE) por encima de la media nacional en 2014, 2015 y 2016:

  PDF 1-000

No sorprende que los desempleados sean el colectivo que presenta el mayor porcentaje: un 65% de ellos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión en 2016. Sin embargo, es muy llamativo que en segundo lugar se sitúen los menores cuyos padres alcanzaron los niveles de estudios más bajos, ya que su porcentaje de riesgo se eleva al 63,6%. También los extranjeros presentan un porcentaje muy alto, el 54,5%. Lo mismo que sucede con los hogares monoparentales, con el 53%, prácticamente el doble de la media nacional.

Los porcentajes más bajos, como vemos en el gráfico siguiente, los presentan quienes tienen empleo, los mayores de 18 que han alcanzado niveles altos de estudios, los menores cuyos padres han alcanzado esos mismos niveles y los mayores de 65 años, moviéndose todos estos perfiles entre el 13,7% y el 14,9% de porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión, en torno a la mitad de la media nacional.

PDF 2-000

La comparativa por edades es impactante, sobre todo si nos fijamos en cuál era el punto de partida en 2007 antes del inicio de la crisis.

  PDF 3-000

En cualquier caso, en este indicador, en cuanto que uno de los aspectos que se toman en cuenta para calcularlo es que la renta personal se sitúe por debajo del 60% de la renta mediana nacional, la caída del porcentaje de los mayores de 65 se debe, en mayor medida, al empeoramiento de los demás, que a la mejora de los resultados propios.

Al margen de la distinta evolución de los datos por edades, como vemos en el gráfico siguiente, en algunos casos, como en el de los desempleados, la evolución entre 2007 y 2016 ha sido negativa puesto que el porcentaje en riesgo pasó en dicho período del 49,5% al 63,6%. Pero hay otros casos muy llamativos, también con evolución negativa, como sucede con los menores cuyos padres alcanzaron estudios de nivel medio y con el segundo quintil de rentas, es decir, con quienes se encuentran entre el 20% y el 40% de la población con menores rentas, cuya evolución muestra como la crisis y sus secuelas han afectado de forma muy negativa a segmentos tradicionalmente considerados como de clase media (media-baja en este caso).

PDF 4-000

Por lo que se refiere a la prima de riesgo española, ya vimos la semana pasada que, con carácter general, un español en 2016 tenía un 42,06% más probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social que un ciudadano de los países más avanzados de Europa. Pero algunos perfiles tienen primas de riesgo especialmente elevadas:

PDF 5-000

Vemos en el gráfico anterior que los diferenciales más desfavorables respecto a idénticos colectivos en los países más avanzados de la Unión Europea los muestran los propietarios de viviendas con cargas, los quintiles 2 y 3 y los hogares con dos adultos y dos niños, por lo que son la clase media y las familias los colectivos con las mayores primas de riesgo.

Por el contrario, el gráfico siguiente nos muestra que presentan primas de riesgo negativas los adultos que viven solos, los mayores de 65 años y los desempleados. También presentan primas negativas o muy bajas los hijos cuyos padres alcanzaron niveles bajos de estudios, los mayores de edad con bajo nivel de estudios y el primer quintil de rentas.

PDF 6-000

¿Qué quieren decir estos datos? Básicamente que un parado, una persona con formación escasa, los hijos de las personas con niveles bajos de estudios, los hogares con menores rentas y los hogares monoparentales tienen similares problemas en todos los países, incluso en los más avanzados.

Por otra parte, la prima de riesgo general española respecto de los países del G11 ha pasado del 16,73% en 2007 al 42,06% en 2016, lo que refleja un claro empeoramiento. Entrando en el detalle, determinados perfiles han sufrido en su prima de riesgo cambios muy acusados. El gráfico siguiente muestra los colectivos que han experimentados las mayores variaciones, llamando especialmente la atención, por lo negativo, la evolución de la prima de riesgo de los quintiles segundo y tercero de renta, y por lo positivo, la de los mayores de 65 años. De nuevo la clase media sale malparada en la comparativa.

PDF 7-000

Adónde quiero llegar con este análisis.

En primer lugar, me parece importante constatar que tenemos un claro diferencial negativo general con los países más avanzados, por lo que buscar la convergencia con ellos parece muy conveniente. Habrá que analizar sus políticas de ingresos y gastos, en términos no solo cuantitativos, sino también cualitativos, para intentar llegar a conclusiones sobre cuál podría ser la hoja de ruta para converger.

En segundo lugar, los datos ponen de manifiesto que en España algunos colectivos presentan resultados positivos respecto de la media e, incluso, respecto de la situación en la que esos mismos colectivos se encuentran en los países de referencia. El ejemplo más claro son los mayores de 65 años, en su gran mayoría pensionistas. Se trata de un punto fuerte a preservar, lo que es importante resaltar en pleno debate sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

En tercer lugar, hay colectivos desfavorecidos que lo son en todos los países, como los desempleados o las personas con formación baja. En el caso español, la mejora general de los resultados nacionales, sin duda, redundará también en la mejora de estos colectivos, pero parece claro que los países más avanzados tampoco han encontrado una fórmula realmente efectiva para ellos. Es evidente que en estos casos la prioridad es reducir el número de personas en esas situaciones, para lo cual debe disminuir la tasa de desempleo y reducirse el número de personas con formación escasa y abandono temprano de los estudios.

En cuarto lugar, otros colectivos, como las familias con dos adultos y dos niños presentan un claro diferencial negativo frente a las familias equivalentes de los países más avanzados, por lo que tendremos que ver qué carencias presentan nuestras políticas familiares para que ello ocurra. Y los malos resultados de la clase media son otro factor que no se puede eludir.

Para profundizar en el análisis, veamos qué sucede en el indicador de pobreza monetaria severa (renta personal por debajo del 40% de la mediana), porque nos permitirá identificar algunos colectivos con problemas de especial gravedad. Los datos nacionales son los siguientes:

PDF 8-000

El gráfico deja claro que, además, de los casos con baja intensidad de trabajo en el hogar, son los menores y los hogares monoparentales los que presentan los mayores porcentajes de riesgo en España, puesto que en un 26,2% y un 15,9% de los casos, respectivamente, quedan por debajo del 40% de la renta mediana nacional.

Y, además, estos dos colectivos, más los hogares monoparentales, son los que presentan primas más elevadas, extraordinariamente elevadas en este caso, respecto de los países del G11.

PDF 9-000

Y, adicionalmente, la evolución de las primas de riesgo respecto del G11 de los tres colectivos citados ha sido especialmente desfavorable desde 2007, a pesar de que ya entonces eran altas.

PDF 10-000

Parece clara la necesidad de actuar a la vista de cuáles son los colectivos más desfavorecidos. Y, además, hemos identificado con claridad perfiles en los cuales los resultados que alcanzan los países más avanzados son claramente mejores que los nuestros. Por tanto, tenemos referencias que nos pueden servir.

En próximas entradas en el blog, veremos qué papel están jugando y pueden jugar el gasto público y los impuestos en el ámbito social y también como instrumento para reducir nuestra prima de riesgo con los países con mejores resultados.

Saludos

 

La prima de riesgo respecto del bono alemán ha bajado, sin embargo, la prima de riesgo española en los indicadores que miden la pobreza y la desigualdad sigue siendo muy alta.

23 de febrero de 2017. Jesús Gascón Catalán

Hace dos semanas vimos que los indicadores que miden la desigualdad y la pobreza en España han evolucionado negativamente con la crisis. Además, la respuesta de los indicadores al crecimiento económico está siendo claramente insuficiente y nos encontramos lejos de volver a la situación anterior a la crisis y todavía a mayor distancia  que entonces de los países más avanzados de la Unión Europea.

Para facilitar las comparaciones, he definido un grupo de países, al que llamo G11, formado por los países de la Unión Europea que nos superan, simultáneamente, en renta per cápita en paridad de compra, en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y en el Índice Better Life de la OCDE. Son Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda.

Veamos lo que sucede con un indicador que me parece especialmente significativo: el porcentaje de la población que vive con una renta inferior al 40% de la renta mediana del país. Este umbral se situaba en España en 5.472 euros anuales en 2016 para una persona que viviera sola. Podemos llamar a este indicador, para diferenciarlo de otros, como indicador de pobreza monetaria severa.

El cuadro siguiente nos muestra la comparativa en el indicador con la Eurozona y el G11 en 2007, es decir, antes de la crisis, y en 2015 y 2016, los dos últimos años con información disponible:

B-000

En primer lugar, en el cuadro vemos que el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria severa en España alcanzaba el 11,2% en 2015 y el 10,7% en 2016. Nuestro diferencial con la Eurozona en 2016 es claro, ya que en 2016 su porcentaje se sitúa en el 6,3%, pero es todavía mucho mayor la diferencia con los países del G11, cuya media ponderada se sitúa en el 4,35%, en un intervalo que se extiende desde el 2,2% de Finlandia al 5,6% de Reino Unido, representando la mediana Dinamarca con el 4%. Por tanto, podemos decir que existe una prima de riesgo española en este indicador del 145,98%, lo que significa que un ciudadano español tiene casi 2,5 veces más probabilidades que un ciudadano de los países más avanzados de la Unión Europea de encontrarse en situación de pobreza monetaria severa atendiendo al diferencial negativo de su renta respecto de la renta mediana de su país.

Obviamente, la crisis ha contribuido al agravamiento de la situación, porque en 2007 el porcentaje de población en situación de pobreza severa en España era del 8%. Por tanto, el incremento entre dicho año y 2016 es de 2,7 puntos porcentuales, lo que representa un aumento del 33,75%. Obsérvese que la media del G11 prácticamente no ha variado: del 4,29% en 2007 se ha pasado al 4,35% en 2016.

Sin embargo, aun reconociendo el impacto negativo de la crisis, no puede dejarse de lado la constatación de que en 2007 nuestro diferencial con el G11 ya era muy elevado (8% frente a 4,29%), diferencial que determinaba una prima de riesgo del 86,48% que, si bien era claramente inferior a la prima de riesgo actual, pone de manifiesto la existencia de un problema estructural en España con las rentas más bajas no achacable exclusivamente a la crisis y sus secuelas.

Cabe recordar que, aunque estemos hablando de pobreza monetaria, es decir, calculada estadísticamente, no hay muchas dudas de que una persona se encuentra en situación de pobreza, sin adjetivos ni matices, cuando dispone de una renta inferior al 40% de la renta mediana, 5.472 euros anuales en 2016 para un adulto que viva solo y 11.491,2 euros para un hogar formado por una pareja con dos hijos menores de 14 años (ya que en tal caso, el miembro del hogar de mayor renta se computa como uno, el otro adulto como 0,5 y los menores como 0,3 cada uno de ellos, siendo 11.4891,2 el resultado de multiplicar 5.472 por 2,1). Y en España se encontraban en esta situación de pobreza monetaria severa 4.917.000 personas en 2016, claramente por encima de las 3.550.000 personas afectadas en 2007. De ellos, 941.000 eran menores de 18 años en 2007 y 1.329.000 los son en 2016.

Veamos la prima de riesgo española respecto del G11 en otros indicadores sociales:

C-000

Como se observa en el gráfico anterior, en 2016 un ciudadano español tenía un 42,06% más de probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social que un ciudadano de los 11 países más avanzados de la Unión Europea atendiendo al indicador AROPE.

Como acabamos de ver, la prima de riesgo de riesgo española se eleva al 145,98% si consideramos a los ciudadanos cuyas rentas se sitúan por debajo del 40% de la mediana.

Cuando se analiza el indicador de privaciones y carencias materiales severas (imposibilidad de hacer frente a imprevistos, de tomarse vacaciones, de nutrición adecuada, etc.), la prima de riesgo española se sitúa en el 41,8%, elevada, pero muy inferior a la anterior, probablemente debido a las redes familiares y sociales que continúan jugando un importante papel en países como el nuestro.

No obstante, la prima de riesgo sube al 72,9% cuando se analiza el indicador de pobreza persistente, es decir, las personas que ya se encontraban en la misma situación de riesgo de pobreza y exclusión social, al menos, en dos de los tres años inmediatamente anteriores. Y de nuevo, la prima se dispara, en este caso, nada menos que hasta el 414,85%, cuando el análisis se refiere a la pobreza severa persistente tomando como referencia el 40% de la renta mediana. Ello quiere decir que el porcentaje español multiplica por 5 el de los principales países de Europa.

También es alta la prima de riesgo en el caso del indicador de pobreza monetaria anclada (utilizando como umbral el 60% de la mediana en 2008) ya que alcanza el 103,77%.

Por último, en el indicador de trabajadores pobres la prima de riesgo española llega al 62,94%.

Como decía al principio, estamos muy lejos de converger con los países de referencia porque la brecha se ha agrandado claramente desde 2007. Veamos cuál ha sido la evolución de la prima de riesgo española en los 4 indicadores respecto de los que existen datos comparables en 2007.

A-000

Efectivamente, en el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), la prima de riesgo respecto de los países del G11 pasa del 16,73% al 42,06%, lo que permite constatar que el escenario post-crisis nos ha dejado en peor situación que la existente en 2007.

También ha experimentado, como decíamos antes, una fuerte subida la prima de riesgo en el indicador de pobreza monetaria severa, basado en el 40% de la renta mediana, que pasa de un significativo 86,48% en 2007 a un muy elevado 145,98% en 2016.

De igual forma, es significativa la evolución de la prima de riesgo en el indicador de privaciones y carencias materiales severas, puesto que la prima era negativa en 2007 (-18,22%) para convertirse en positiva y situarse en el 41,81% en 2016, lo que quiere decir que un ciudadano español, a pesar del problema de rentas bajas que se acaba de constatar, tenía antes de la crisis menos probabilidades de padecer este tipo de privaciones y carencias que un ciudadano de los países más ricos de la Unión Europea, lo que ya no sucede en 2016, puesto que en dicho año sus probabilidades eran un 41,81% mayores que las de los ciudadanos de los países de referencia.

El indicador en el que la prima de riesgo ha aumentado en menor medida es el de trabajadores pobres que pasa del 49,78% en 2007 al 62,94% en 2016, pero ya en 2007 la prima era elevada.

También ha aumentado entre 2007 y 2016 el diferencial de España con los países del G11 en desigualdad de ingresos.

D-000

Como puede observarse en el gráfico anterior, España era un 9,58% más desigual que los países del G11 en 2007 si atendemos al Índice de Gini de renta disponible, habiéndose elevado el diferencial al 17,42% en 2016. Cuando el análisis se realiza con el Índice S80/S20 el diferencial pasa del 21,68% en 2007 al 46,34% en 2016.

En el estudio del que extraigo la información (ver enlace en el post de inauguración del blog) analizo en detalle todos estos indicadores viendo qué perfiles de ciudadanos presentan los peores porcentajes y las primas de riesgo más elevadas respecto de las personas en la misma situación en los países del G11.

Una última reflexión por hoy. A pesar de que la desigualdad y la pobreza reciben cada vez más atención pública, sorprende la escasa atención que se presta a un compromiso expresamente asumido al respecto por España.

En la estrategia 2020 de la Unión Europea se fija como objetivo para España que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se reduzca en 1.400.000 personas en el período 2010-2019. El problema es que de 10.786.000 personas en riesgo en 2008 pasamos a 13.402.000 personas en 2014 y el descenso experimentado en los últimos años es notoriamente insuficiente para cumplir el objetivo, puesto que en 2016 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión se situaba todavía en 12.870.000.

Es cierto que este indicador mide, en buena medida, la pobreza relativa, definida en comparación con la mediana del país, por lo que más bien es un indicador de desigualdad, pero responde a un compromiso asumido por España y no es de recibo su falta de seguimiento.

Contar con un diagnóstico adecuado y tener claras las prioridades como país es el primer paso para resolver los problemas. Y ello implica hablar de predistribución y redistribución. No sirve el copiar y pegar en términos internacionales, pero no está demás conocer cuáles son nuestros principales diferenciales en las políticas de ingresos y gasto público con los países de referencia, sin olvidarnos que no solo es un problema de volumen sino también de calidad y eficiencia de la intervención pública.

Por cierto, el día 27 de febrero participaré en una mesa redonda en el IEF para hablar de justicia tributaria y la reducción de la desigualdad con Pedro Herrera y Jesús Rodríguez Márquez, con Cristina García-Herrera de moderadora. Este es el enlace al programa del VI Encuentro de Derecho Financiero y Tributario del que forma parte la mesa redonda:

http://www.ief.es/documentos/noticias/2018_ProgVIDerechoFinancieroyTributario.pdf

Agradecido por la atención.

EL NUEVO MODELO DE RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS CONTRIBUYENTES

17 de febrero de 2018. Jesús Gascón Catalán.

El cumplimiento voluntario es el pilar fundamental sobre el que se apoya la aplicación del sistema tributario. Por tanto, los ingresos públicos, es decir, la financiación de las políticas públicas, incluidas, por supuesto, las políticas sociales y las redistributivas, dependen en buena medida de que los ciudadanos y entidades cumplan en tiempo y forma sus obligaciones fiscales.

La administración tributaria no puede ser un mero espectador, tampoco puede orientar sus actuaciones exclusivamente al control a posteriori. La generalización del sistema de autoliquidación en nuestro país obliga a la administración a ser proactiva para favorecer el cumplimiento voluntario.

Por otra parte, el marco de relaciones entre la administración y los contribuyentes ha de ser equilibrado y estar permanentemente adaptado a los nuevos tiempos.

Los servicios de información y asistencia que presta la Administración tributaria española a los contribuyentes siempre han tenido una alta valoración ciudadana. El programa PADRE, el borrador de declaración o, más recientemente, el servicio Renta Web y la anunciada App que entrará en funcionamiento en breve constituyen hitos reseñables. Además, la Agencia Tributaria ha sido pionera en la prestación de los servicios propios de la administración electrónica.

La reciente implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) puede suponer un importante salto cuantitativo y cualitativo puesto que abre el espectro de los servicios de alta cualificación al IVA y, por consiguiente, a las actividades empresariales y profesionales.

A partir de estos antecedentes, en la presentación que enlazo al final reflexiono sobre el marco de relaciones entre la administración y los contribuyentes y posibles mejoras.

PWP.-Jesus-Gascon.-Nuevo-modelo-de-relacion.-Noviembre.-2017---copia-001 - copia

Este es el Índice de la presentación:

PWP.-Jesus-Gascon.-Nuevo-modelo-de-relacion.-Noviembre.-2017---copia-002 - copia

Y este el punto de partida:,

PWP.-Jesus-Gascon.-Nuevo-modelo-de-relacion.-Noviembre.-2017---copia-011 - copia

La presentación completa se puede descargar en este enlace:

https://www.dropbox.com/s/m2utwu3jyfqtxxl/PWP.%20Jes%C3%BAs%20Gasc%C3%B3n.%20Nuevo%20modelo%20de%20relaci%C3%B3n.%20Noviembre.%202017.ppt?dl=0

Gracias por la atención.

 

¿Es suficiente el crecimiento económico y la creación de empleo para reducir la desigualdad y la pobreza?

2 de febrero de 2018. Jesús Gascón Catalán.

En la primera entrada en el blog anunciaba la publicación, con acceso libre, del documento “Desigualdad, pobreza, gasto social e impuestos: las otras primas de riesgo españolas”.

Este es el enlace:

https://www.dropbox.com/s/7sutob73ky3gg4l/Las%20otras%20primas%20de%20riesgo%20espa%C3%B1olas.%20Jes%C3%BAs%20Gasc%C3%B3n.pdf?dl=0

Como mi intención es ir presentando en nuevas entradas en el blog las conclusiones y propuestas del trabajo, me pongo a ello.

Para los principales organismos internacionales reducir la desigualdad es compatible con el crecimiento económico. El FMI y la OCDE han publicado diversos estudios en ese sentido.

Por ejemplo, Dabla-Norris estima que, si el 20% de la población que más gana aumenta un punto porcentual en su participación en los ingresos globales del país, en los cinco años siguientes el impacto en el crecimiento del PIB de esta variación en la distribución de los ingresos será negativo (en un 0,08%). Sin embargo, si es el 20% que menos gana quien aumenta en un punto su participación en los ingresos totales, en este caso el crecimiento del PIB será un 0,38% mayor. Para este autor, aunque no exista una receta universal válida para todos los países, crecimiento e igualdad han de ser objetivos complementarios.

Ostry reconoce que la relación entre desigualdad y crecimiento es compleja, así cierta desigualdad puede operar como incentivo para la inversión y el crecimiento, pero la desigualdad también puede ser perjudicial. Para él, para un nivel dado de redistribución, existe correlación entre la reducción de la desigualdad y un crecimiento económico más rápido y duradero. Ostry considera que la redistribución es generalmente benigna en términos de crecimiento, excepto en casos extremos. En cualquier caso, advierte que, aunque hay correlación, no se puede concluir que exista un gran trade-off entre redistribución y crecimiento.

Por su parte, la OCDE estima que el aumento de la desigualdad hizo que sus países miembros dejasen de crecer un 8,5% en dos décadas y media, lo que pone de manifiesto que el impacto puede ser reducido en términos anuales, pero significativo cuando se consideran escenarios de largo plazo.

Me quedo con tres ideas: se puede reducir la desigualdad sin perjudicar el crecimiento económico, es más su reducción puede favorecer el crecimiento en el largo plazo, cada país tiene que encontrar su fórmula porque no hay talla única y la dosis de la medicina tiene que ser adecuada ya que en casos extremos la redistribución sí que puede lastrar el crecimiento.

Por otra parte, existe un amplio consenso sobre la necesidad de reducir la pobreza, aunque haya mayores discrepancias sobre la forma de conseguirlo.

¿Y en España? Lo primero que tenemos que ver es si realmente se está reduciendo la desigualdad y la pobreza. Después de largos años de crisis económica, el PIB está creciendo y la tasa de desempleo disminuye. El PIB ha vuelto a situarse en las cifras anteriores a la crisis, ¿también los indicadores sociales?

Comencemos el análisis con los indicadores que miden la desigualdad.

Como puede verse en el gráfico siguiente, el Índice de Gini de desigualdad de renta disponible se redujo en España 0,002 puntos entre 2014 y 2016, años en los que el PIB empezó a crecer, por lo que, manteniendo dicho ritmo de reducción de forma sostenida, no se alcanzará el Índice logrado en 2007 (0,319) hasta el año 2042.

No obstante, en el caso del Índice S80/S20 (proporción que representan los ingresos del 20% más rico respecto del 20% más pobre), se acortarían los plazos significativamente siempre que se consiguiera mantener la reducción de 0,3 puntos lograda en España en 2016 respecto de 2015. En tal caso, el Índice de 5,5 logrado en 2007 se conseguiría en 2020, pero no olvidemos que en 2015 el dato empeoró respecto de 2014.

a

Por tanto, la conclusión es que el ritmo de reducción es lento, de tal manera que tendríamos que plantearnos cómo acelerarlo, siempre con fórmulas que no lastren el crecimiento.

Hagamos el mismo análisis para los indicadores de pobreza. Como se observa el siguiente gráfico, desde el inicio de la crisis, solo en los 3 últimos años se ha conseguido reducir el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE). El porcentaje ha descendido en 1,3 puntos porcentuales entre 2014 y 2016, por lo que, si se mantuviese ese ritmo de reducción, no se conseguiría mejorar la tasa de 2007 (un 23,3%) hasta 2023 o 2024.

Doc12-000

Por lo que se refiere a la población con privaciones y carencias materiales severas, vemos en el gráfico que el porcentaje también desciende 1,3 puntos porcentuales entre 2014 y 2016. En este caso, consolidando dicho ritmo de descenso, se alcanzaría el porcentaje de 2007 (el 3,5%) en 2020. Por tanto, es en este indicador en el que las perspectivas son mejores.

En el caso de la población en situación de pobreza monetaria severa (con rentas por debajo del 40% de la renta mediana), analizando los años más recientes, se observa que el porcentaje solo ha descendido en 2016, y tan solo lo hizo 0,5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Suponiendo que ese ritmo de descenso se confirmase y mantuviese en los años siguientes, se conseguiría alcanzar el porcentaje de 2007 (el 8%) en 2022.

Por tanto, está claro que todavía nos queda un trecho, en algunos casos largo, para situar los indicadores sociales donde se encontraban antes de la crisis. Estas cifras ponen de manifiesto, al menos en mi opinión, la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Quiero dejar claro que recuperar los resultados que alcanzábamos en los indicadores sociales en 2007 tampoco es una gran noticia, puesto que ya entonces nos hallábamos lejos de los países más avanzados de la Unión Europea con los que deberíamos converger. En nuevas entradas en el blog volveré sobre este punto crítico: la convergencia con los países que deberían servirnos como referencia.

Pero sigamos con los datos españoles. Como la economía ha vuelto a crecer, pongamos el foco exclusivamente en los años con crecimiento.

Como se observa en el gráfico[i] siguiente, el PIB comienza a repuntar en 2014, pero el traslado del crecimiento a los indicadores sociales no es automático.

Doc11-000

Como puede verse, el porcentaje de población con privaciones y carencias materiales severas parece el más sensible al crecimiento del PIB. Sin embargo, el crecimiento se traslada de forma diferida al indicador de pobreza monetaria severa (basado en el 40% de la renta mediana), mientras que el indicador de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) presenta un comportamiento más plano.

Por tanto, el crecimiento no está siendo suficiente para mejorar los indicadores sociales, probablemente porque no está siendo tan inclusivo como nos gustaría y también, por supuesto, porque nuestras políticas redistributivas tampoco son tan efectivas como debieran.

Otro factor clave para que disminuya la desigualdad y la pobreza es la reducción del desempleo. ¿Realmente mejoran los indicadores sociales en la misma medida en que crece el empleo?  

De nuevo, como se observa en el gráfico siguiente, es el indicador de privaciones y carencias materiales severas el más sensible a la evolución de la tasa de desempleo.

Doc12-000

Sin embargo, la tasa AROPE y el indicador de pobreza monetaria severa tienen un comportamiento más plano, aunque también reaccionan positivamente a la creación de empleo en los últimos años.

Centrando el análisis en los años en los que se empieza a generar empleo, en el gráfico siguiente se constata que la caída del porcentaje de personas con privaciones y carencias materiales severas tiene una clara correlación con el descenso de la tasa de paro, mientras que el porcentaje de población en situación de pobreza monetaria severa comienza a disminuir con cierto retraso respecto del descenso del desempleo, en tanto que el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) se reduce en menor medida que los restantes indicadores.

Doc15-000

Para completar la información, en el cuadro siguiente presenta los datos de reducción del desempleo y de mejora de los indicadores sociales en términos absolutos (número de personas).

Doc9-000 (1)

En el cuadro se observa, en primer lugar, que, con el aumento del paro entre 2012 y 2013 se incrementó en todavía mayor medida el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de pobreza monetaria severa o con privaciones y carencias materiales severas.

En segundo lugar, vemos que la reducción del desempleo entre 2013 y 2014 no afectó favorablemente al indicador de personas en situación de pobreza monetaria severa, aunque sí a los otros dos indicadores, pero, en cualquier caso, el descenso del número de personas incluidas en estos dos últimos indicadores no fue tan grande como la disminución del número de desempleados.

En tercer lugar, la reducción del desempleo entre 2014 y 2015 sí afectó positivamente a los 3 indicadores, pero el número de personas beneficiarias en cada uno de ellos fue inferior al número de personas que dejan de estar desempleadas. Cabe destacar que en 2016 y 2017 el desempleo se ha reducido en alrededor de 500.000 personas al año, por lo que, previsiblemente, el impacto de las variaciones interanuales en ambos ejercicios en los indicadores analizados será similar al que se observa en el cuadro para 2014 respecto de 2013 y 2015 respecto de 2014.

Veamos ahora el impacto de la reducción del desempleo en los indicadores de desigualdad. Como puede verse en el gráfico siguiente, la reducción de la tasa de desempleo desde 2013 tan apenas ha afectado al Índice de Gini de desigualdad de renta disponible y solo a partir de 2014 ha contribuido a la reducción del Índice S80/S20.

 Doc10-000

Por tanto, a la vista de lo expuesto, el crecimiento económico y la creación de empleo, aunque necesarios, no están siendo suficientes ni para volver al punto de partida en 2007 ni mucho menos para alcanzar el objetivo de converger con los países de referencia en Europa.

Uno de los principales motivos es la precariedad laboral. Si consideramos que en España más de un 90% del empleo temporal es involuntario y más del 60% del empleo a tiempo parcial también lo es, podemos estimar que nada menos que un 34% del empleo total es precario. Es cierto que algunos de estos trabajadores pueden situarse por encima de los umbrales que determinan la existencia de riesgo de pobreza y exclusión social, pero el caso es que no disfrutan de un trabajo indefinido y a tiempo completo que es lo que desean, por lo que calificarlos de trabajadores precarios no es descabellado.

Por otra parte, también hay un porcentaje significativo de trabajadores con contrato indefinido y salarios muy reducidos (en 2016 un 6,2% aparecía reflejado en las estadísticas de Eurostat en la rúbrica de trabajadores pobres), porcentaje que si lo sumamos al porcentaje anterior de trabajadores a tiempo parcial o con contrato temporal que quieren un contrato indefinido y a tiempo completo, nos lleva a un porcentaje acumulado del 40% de trabajadores en situación de precariedad, lo cual explica en buena medida la razón por la que el crecimiento, insuficientemente inclusivo, y la reducción del desempleo, no están mejorando los indicadores sociales tanto como debieran. Por tanto, tenemos un claro problema de predistribución.

Y, por supuesto, también de redistribución debido a la escasa eficacia de nuestras políticas sociales, nuestro diferencial de ingreso y gasto público con los países más avanzados y la falta de eficiencia de las políticas de gasto y del sistema tributario español.

Tiempo tendremos de hablar de todo esto.

No obstante, por ir combinando contenidos, la semana que viene colgaré una presentación sobre posibles mejoras en el modelo de relaciones de la administración tributaria con los contribuyentes, puesto que el impuso del cumplimiento voluntario es uno de los requisitos esenciales para la aplicación efectiva del sistema sistema tributario y, por tanto, para la financiación de las políticas públicas, incluidas las redistributivas.

En definitiva, seguiremos hablando de Fiscalidad y sus universos paralelos, haciendo honor al título del blog.

Gracias por la atención.

[i] Desde el punto de vista metodológico, cabe advertir que cuando comparo la evolución de las tasas de crecimiento del PIB con la evolución de los indicadores sociales, mientras que en el primer caso he reflejado en el gráfico el dato del año tal y como aparece en Eurostat, en el caso de los indicadores sociales (tasa AROPE, pobreza monetaria severa o privaciones y carencias materiales severas) en el gráfico he consignado el dato del año inmediatamente anterior al que aparece en Eurostat, puesto que los indicadores sociales parten de datos recopilados mediante encuestas sobre condiciones de vida referidas al año anterior a aquel en el que se realizan las encuestas, lo que, por ejemplo, hace que los datos que Eurostat imputa al año 2016 en relación con los indicadores sociales realmente correspondan a 2015, mientras que los datos imputados en las estadísticas sobre el PIB a 2016 realmente corresponden a información sobre dicho ejercicio. Con el desempleo (ver gráficos siguientes) sigo la misma metodología que con el PIB.

 

Apertura del blog Fiscalidad y sus universos paralelos

Hola.

Me alegra compartir contigo este espacio que ahora inauguro y que espero que tenga largo recorrido.

Me propongo tres objetivos. El primero difundir el estudio “Desigualdad, pobreza, gasto social e impuestos: las otras primas de riesgo españolas”, del que luego hablaré.

En segundo lugar, dar a conocer las presentaciones y publicaciones que, con ocasión de la participación en foros, seminarios y conferencias, vaya elaborando. También rescataré algunas presentaciones antiguas que, con algunos retoques, entiendo que todavía pueden resultar de interés de los lectores.

En tercer lugar, aprovecharé este espacio virtual para comentarios de actualidad, ayudar a la difusión de trabajos ajenos que me parezcan de interés general y para reflexionar en voz alta sobre política fiscal, administración tributaria, gobernanza pública y privada, modelo territorial y lo que vaya surgiendo.

En realidad los 3 objetivos anteriores son instrumentales, puesto que lo que realmente pretendo es seguir aprendiendo gracias a la interacción que permiten las redes sociales.

Decía antes que aprovecho la ocasión para presentar el estudio “Desigualdad, pobreza, gasto social e impuestos: las otras primas de riesgo españolas”.

En realidad son 5 trabajos en uno.

En el primer capítulo he recopilado abundante información sobre la desigualdad y la pobreza, sus causas y efectos. Lo que comparto en el estudio es mi aprendizaje, puesto que el 95% del contenido son opiniones ajenas. Simplemente las he ordenado por apartados y he confeccionado un índice bastante auto-explicativo que, leído de corrido, constituye en sí mismo un resumen del capítulo.

En el segundo capítulo he seleccionado un grupo de países avanzados para comparar sus resultados en los indicadores de pobreza y desigualdad con los que obtiene España. Son 11 países, G11 les llamo, todos de la Unión Europea para facilidad la comparabilidad de los datos. En definitiva, se trata de ver cómo de lejos estamos de los países de referencia en el ámbito social.

En el tercer capítulo, en primer lugar, comparo el gasto público sobre el PIB en España, con especial atención al gasto social (educación, sanidad y prestaciones monetarias), con el G11.

A continuación, realizo la misma comparación con el G11 con los ingresos públicos sobre el PIB, en particular, poniendo el foco en los ingresos tributarios.

En el último capítulo presento mis conclusiones y propuestas poniendo en relación todo lo anterior. En los capítulos anteriores hablan voces ajenas o datos estadísticos, aunque obviamente las interpretaciones de unas y otros, por muy objetivas que se pretendan, siempre tienen el sesgo personal de cada uno. Pero en el último capítulo el que habla soy yo, son mis opiniones, aunque en el ámbito público, no digamos en el tributario, hay que ser posibilista y más de una vez digo aquello de “si hubiera consenso político para ello” o frases similares. El índice de este último capítulo, también es bastante auto-explicativo y sirve como resumen.

Como el estudio es largo, en posteriores entradas en este blog iré analizando su contenido por partes.

En cualquier caso, si alguien se anima a enfrentarse con el texto completo, este es el enlace:

https://www.dropbox.com/s/7sutob73ky3gg4l/Las%20otras%20primas%20de%20riesgo%20espa%C3%B1olas.%20Jes%C3%BAs%20Gasc%C3%B3n.pdf?dl=0

Quien desee el texto en word, para copiar gráficos, cuadros o cualquier otro contenido, solo tiene que pedírmelo.

Puedes encontrarme en Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jesús-gascón-catalán-96b409143

Y desde ahora mismo en Twitter:  https://twitter.com/?lang=es

Gracias por la atención.

Jesús Gascón